Nuevo Laredo, Tam.— A tres años del asesinato de cinco jóvenes ocurrido a un costado de la tienda Smart Zapata, familiares de las víctimas denunciaron que el caso permanece sin sentencia y exigieron justicia ante los constantes retrasos en el proceso judicial contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Durante un acto realizado en el lugar de los hechos, madres, esposas y representantes legales señalaron que, pese a la gravedad del caso, las audiencias han sido diferidas en varias ocasiones. El proceso, actualmente en manos de autoridades federales, tiene como fecha tentativa de inicio de juicio el 10 de agosto de 2026.
El abogado José Roberto Puente Martínez indicó que las familias mantienen la exigencia de castigo contra los militares implicados, mientras que el abogado Edgar Netro Acuña pidió agilizar el sistema judicial. “Queremos hacerle un llamado a la presidenta de la República para que tome las medidas necesarias y nombre más jueces que son necesarios para que las víctimas tengan acceso a la justicia”, declaró.
Familiares de las víctimas expusieron el impacto de la falta de resolución. Aidee Pool Cervantes, madre de José Ángel Moreno Pool, expresó: “Yo quiero justicia para mi hijo porque ya es mucho tiempo y no se ha hecho justicia”. También recordó: “Ayer que fue 10 de mayo no lo tuve. Es un gran dolor”.
Yoseline Patiño, esposa de Edgar Chavarría, señaló: “Siempre se atrasa el juicio, siempre ponen pretextos y pues nada, solo quiero justicia”. En tanto, María Inés Vega Romero, madre de José Isabel Romero Vega, afirmó: “Quiero justicia para mi hijo y que no retrasen más las audiencias. Yo ya no aguanto más”.
Beatriz Cuevas Bracamontes, esposa de Clinton Alex Blucha Pérez, cuestionó los aplazamientos: “Ya van tres veces que nos posponen la audiencia para iniciar el juicio”. Asimismo, sostuvo: “Tal pareciera que el gobierno está protegiendo a los militares”.
Aida Colector, esposa de Jorge Antonio Colector Pineda, explicó el motivo de la concentración: “Venimos a acompañarnos y recordar su imagen, su vida, como familia”.
De acuerdo con los antecedentes, inicialmente fueron detenidos 16 militares, pero solo siete enfrentan cargos por homicidio calificado. El caso adquirió relevancia tras la difusión de un video que contradice la versión inicial de un enfrentamiento y muestra que las víctimas fueron sometidas antes de ser asesinadas.
A casi tres años de los hechos, las familias reiteraron su exigencia de justicia, reparación del daño y garantías de no repetición, mientras el caso continúa sin una resolución judicial.
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