Nuevo Laredo, Tam.— En la explanada Esteban Baca Calderón, frente a la Presidencia Municipal, tres mujeres jóvenes permanecen sentadas en silencio dentro de una casa de campaña. Ahí durmieron y permanecen en huelga de hambre. No están ahí por una protesta pasajera ni por un reclamo político; están ahí por sus muertos.
Han dejado de comer, pero no de exigir.
Kassandra, Jennifer y Jessica son tres víctimas sobrevivientes de la masacre ocurrida el 5 de septiembre de 2019 en el fraccionamiento Valles de Anáhuac, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Aquella tarde, un operativo integrado por agentes del CAIET, la Policía Estatal y el Ejército Mexicano irrumpió en una vivienda. Ocho personas fueron ejecutadas extrajudicialmente; ellas tres fueron torturadas. Seis años después, siguen esperando justicia.
“Soy Kassandra Guadalupe Treviño López, tengo 24 años. Ese día estaba con mi papá y con mi hija de dos años. Me tocó ver cómo lo torturaban… cómo lo maltrataban. Luego me sacaron a mí y a mi niña, y él se quedó adentro. Mi papá, Severiano Treviño Hernández, trabajaba en Coca-Cola. No era un delincuente. Lo mataron y luego le sembraron armas a el y a otras personas que llevaron a mi casa”, relata con voz firme, aunque sus manos tiemblan al recordar.
A su lado, Jennifer Marlene Campillo Rico, de 23 años, asiente: “Nos torturaron a nosotras también. Fue horrible. Nos decían que nos iban a matar… que dijéramos cosas que no eran ciertas. No había enfrentamiento, no había balas, no había criminales… solo nosotros. Y después de eso, inventaron una historia para justificar la masacre”, denuncia.
Ella fue “detenida” por los policías del CAIET en otro domicilio y llevada a Valles de Anáhuac, donde la dejaron irse, amenazándola de muerte si denunciaba lo sucedido.
La versión oficial, difundida horas después de los hechos por el entonces gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aseguraba que “ocho integrantes de una célula criminal fueron abatidos en un enfrentamiento”. Sin embargo, esa narrativa pronto se desmoronó.
Los testimonios de las tres mujeres y los videos difundidos por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo revelaron un montaje. Las imágenes mostraban cuerpos acomodados, armas sembradas y escenas alteradas para simular un choque armado que nunca ocurrió.
Jessica Araceli Ortega, de 24 años, también sobreviviente, rompe el silencio: “Llevamos seis años esperando que nos escuchen. No queremos más discursos, queremos justicia. Por eso estamos en huelga de hambre. No nos vamos a mover de aquí hasta que el gobernador Américo Villarreal Anaya nos reciba”.
La exigencia es clara: que el Gobierno de Tamaulipas cumpla con la Recomendación 173VG/2024, emitida hace un año por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y dirigida al secretario de Seguridad Pública del estado. Dicha recomendación documenta tortura, ejecuciones extrajudiciales y alteración de la escena del crimen, y exige reparación integral del daño, sanciones a los responsables y garantías de no repetición.
Pese a la gravedad de los hechos y al tiempo transcurrido desde que la CNDH emitió su resolución, el gobernador Américo Villarreal Anaya no ha recibido a las víctimas ni ha instruido acciones visibles para dar cumplimiento a la recomendación. Las sobrevivientes han solicitado audiencias en repetidas ocasiones sin obtener respuesta. Su huelga de hambre es, dicen, “el último recurso para ser escuchadas”.
“Cuando mataron a nuestros familiares, además de quitarnos a nuestros seres queridos, intentaron arrebatarnos la verdad”, señala Kassandra. “Nos criminalizaron en redes, nos señalaron, nos llamaron delincuentes. Pero aquí seguimos… y seguiremos hasta que nos escuchen”.
Severiano Treviño Hernández, Cinoy Esmeralda Briseño Chapa, Luis Fernando Hernández Viesca, Enrique Pérez Chávez, Wilbert Irraestro Pérez, Juana Jetzel Graciano Magaña, José Daniel Saucedo Hernández y Jennifer Hazel Romero López fueron las ocho víctimas ejecutadas. Sus nombres resuenan en pancartas y en las voces entrecortadas de quienes sobreviven para contar lo que pasó.
Frente al abandono de las autoridades estatales, las tres jóvenes mujeres resisten con el cuerpo y la memoria como únicas armas. Han pasado seis años, pero su demanda no ha cambiado: verdad, justicia y dignidad para las víctimas de Valles de Anáhuac.
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