COMUNICADO DE PRENSA
Nuevo Laredo, Tam.- El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo considera que la Recomendación 95VG/2023 emitida este martes por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no documenta la gravedad de los hechos en donde cinco jóvenes resultaron masacrados por soldados del Ejército Mexicano y dos más resultaron con graves daños físicos y emocionales, luego de ser víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos explicó que esta recomendación encuentra responsabilidad por violaciones graves a los derechos humanos solamente para cuatro de los 21 militares que participaron en estos hechos y encubre la cadena de mando, la alteración de evidencias y la privación arbitraria de la vida de Gustavo Ángel Suárez Castillo y Jonathan Amos Aguilar Sánchez.
“En esta recomendación de la CNDH se encubre la actuación del capitán segundo de Caballería, Elio Conde Toledano y de los mandos superiores que tuvieron conocimiento de los hechos, como lo es el General Jorge González Gálvez”.
Al inicio de su Recomendación, la CNDH asegura que abrió de oficio un expediente de queja, luego de monitorear algunos medios de comunicación, soslayando la denuncia pública que hizo el Comité de Derechos Humanos a través de un comunicado de prensa el mismo domingo 26 de febrero, alertando a las autoridades del abuso cometido por las fuerzas armadas.
“El personal de la CNDH llegó a Nuevo Laredo seis días después de ocurrida la masacre, llegaron cuatro abogados y olvidaron enviar psicólogos para atender a víctimas sobrevivientes y familiares, así como a peritos que documentaran los daños a viviendas aledañas y un vehículo particular que resultaron afectados”, explicó Ramos.
También la CNDH omitió informar la violación de las Medidas Cautelares cometidas por un grupo de militares la madrugada del domingo 5 de marzo cuando se presentaron en el domicilio de la familia Pérez Benites, padres de Gustavo (+) y el sobreviviente Alejandro, para amenazarlos con detenerlos, acusándolos de pertenecer a un grupo criminal.
El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo mencionó que en la recomendación 95VG/2023, la CNDH no se pronunció por los disparos con arma de fuego que en forma irresponsable realizaron algunos militares, entre ellos, el teniente de Caballería, Walter Abel Castro Guzmán, poniendo en riesgo a la población civil así como las agresiones que sufrieron al menos nueve periodistas y un defensor de los derechos humanos.
Tampoco documentó la privación arbitraria de la libertad de la señora Sara Luna, mujer de la tercera edad, así como los daños materiales a su vivienda al recibir más de cuarenta impactos de bala disparados por los militares, así como las afectaciones emocionales para ella, su esposo y dos familiares más.
“En los próximos días acudiremos al Senado de la República a entregar una solicitud a su presidente para solicitarles, a nombre de familiares de víctimas, que llamen a comparecer al Secretario de la Defensa Nacional y a la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que informen sobre este acto de suma gravedad que privó de la vida arbitrariamente a cinco jóvenes y dejó a dos más con graves afectaciones de salud y emocionales”.
El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo añadió que seguirá pidiendo la renuncia de Omar Jair Pasarán Nieto, director general de la Segunda Visitaduría y de Francisco Estrada Correa, Secretario Ejecutivo, al considerar que no están capacitados para atender y documentar casos urgentes de violaciones a los derechos humanos como el ocurrido en Nuevo Laredo el pasado 26 de febrero o el de la niña Heydi Mariana Pérez Rodríguez, registrado el 31 de agosto del 2022.
“Esta recomendación 95VG/2023 sin duda fue elaborada para complacer a la Secretaría de la Defensa Nacional y es muy probable que se haya redactado en el departamento jurídico de la SEDENA, así de grande es el sometimiento de la CNDH”, finalizó Ramos.
