COMUNICADO DE PRENSA
Nuevo Laredo, Tam.- Familiares de un grupo de jóvenes masacrados en el mes de febrero de este año, se presentaron en las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) para exigir al Ministerio Público la realización de una serie de pruebas periciales y de acuerdo a estándares definidos en el Protocolo de Minesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas, que permitan demostrar la participación directa de otros 17 soldados del Ejército Mexicano en la ejecución extrajudicial de sus hijos.
Acompañados de sus asesores legales y del presidente del Comité de Derechos Humanos, Raymundo Ramos Vázquez, familiares de las víctimas manifestaron su inconformidad con el Agente del Ministerio Público de la Federación Eber Josué Gutiérrez Moreno por considerar que la Carpeta de Investigación FED/TAMP/NVO.LAR/0000435/2023 se está realizando en forma parcial y beneficiando en todo momento a 17 militares involucrados en este caso, particularmente al capitán Elio Conde Toledano, responsable del operativo.
El pasado 26 de febrero, un grupo de militares persiguió y chocó deliberadamente la camioneta tipo Chevrolet Silverado 2023 conducida por el ciudadano estadounidense Gustavo Ángel Suárez Castillo quien se encontraba acompañado de sus amigos Gustavo Pérez Benitez, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez y Alejandro Trujillo Rocha, quienes fueron masacrados a quemarropa estando dentro del vehículo. Al menos una de las víctimas recibió el tiro de gracia en la cabeza frente a uno de los sobrevivientes.
Otros dos jóvenes que también se encontraban en el vehículo sobrevivieron al ataque, pues luego de cesar los disparos y bajaron de la camioneta y se tiraron al pavimento para demostrar que no estaban armados ni habían cometido ningún delito. Los sobrevivientes pidieron a los militares que llamaran a una ambulancia pues se encontraban heridos, pero estos los ignoraron durante más de dos horas, intentando que murieran por la pérdida de sangre y así no dejar testigos. La FGR se ha negado a practicar una prueba pericial de campo denominada Mecánica de Hechos que pretende demostrar que todos los ocupantes de los tres vehículos militares que participaron en estos hechos cometieron diversos delitos como ejecuciones extrajudiciales, abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad, falsedad en declaraciones, alteración de evidencias, negación de primeros auxilios y encubrimiento, entre otros.
Por estos hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 95VG/2023 dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) con fecha del 21 de marzo del 2023, por violaciones graves a los derechos humanos, a la vida, a la seguridad jurídica e integridad personal, por el Uso Excesivo de la Fuerza mediante el Uso Ilegitimo de Armas de Fuego, pero encontrando responsabilidad en cuatro soldados que actualmente se encuentran presos en el Campo Militar Número 1.
