Nuevo Laredo, Tam .— Una mujer presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de elementos del Ejército Mexicano, por los delitos de daños en propiedad, amenazas, lesiones, violación a los derechos humanos. La afectada solicita la intervención de la autoridad federal al considerar que existen elementos suficientes para esclarecer lo sucedido y deslindar responsabilidades.
Lorena Espíndola Hernández, de 26 años, declaró que la denuncia fue interpuesta luego de que, militares interceptaran a su esposo y posteriormente chocaron en forma intencional la camioneta en que ella iba llegando, acompañada de su hijo de 2 años y su hermana Cristina, de 28 años.
“Este, cuando pasa lo del accidente, ellos nos apuntan, ellos nos disparan hacia abajo -de la camioneta y mi esposo levanta las manos y dice, “Vienen dos mujeres y un niño, vienen dos mujeres y un niño”, porque nos tenían apuntando, que nos iban a disparar” señala
La denuncia sostiene que la maniobra provocó que el vehículo fuera proyectado contra otro automóvil, dejando como saldo una mujer lesionada y un niño en estado de shock.
De acuerdo con la denuncia presentada ante la Célula II de la FGR FGR, tras el impacto los elementos apuntaron con sus armas a la familia e intentaron intimidarlos. La denunciante también afirmó que su esposo y otros familiares fueron amenazados e intimidados para evitar que acudieran ante las autoridades a denunciar los hechos.
La afectada asentó que los elementos militares impidieron que ella declarara ante las autoridades viales, y en el reporte oficial se omite que había una persona lesionada, esto por la coacción del personal castrense. Lorena Espíndola aseguró contar con videos, fotografías y otros documentos que, afirma, respaldan su denuncia y contradicen el informe elaborado tras el incidente.
Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Nueva Victoria y Artículo 25, en la colonia Los Olivos, donde, según la denuncia, Jorge Alberto Castillo Pérez, de 24 años y trabajador de una tortillería, fue interceptado por presuntos militares mientras conducía un Ford Fusion 2013.
El caso adquiere relevancia pública debido a que involucra acusaciones de abuso de autoridad y violaciones a derechos humanos por parte de personal del Ejercito Mexicano. Organizaciones y ciudadanos han advertido que este tipo de denuncias generan preocupación por la seguridad de la población y subrayan la necesidad de investigaciones imparciales que fortalezcan la confianza ciudadana en las instituciones.
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