CIUDAD DE MÉXICO.- Representantes del sector empresarial advirtieron riesgos en el nuevo Régimen Simplificado de Confianza propuesto por el Gobierno federal como parte del Paquete Económico 2022.
Durante el parlamento abierto convocado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, advirtieron que con el nuevo esquema propuesto por Hacienda se corre el riesgo de reducir la recaudación e impactar gravemente a las empresas.
El ex titular de la Condusef, Mario Di Costanzo, señaló que el nuevo régimen tendría éxito sólo si genera nuevos contribuyentes, toda vez que la diferencia entre lo que pagan aquellos que encuentran en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) y lo que pagarían con el nuevo esquema es abismal.
Detalló que dadas estas diferencias, por cada contribuyente que deje el RIF se tendrían que inscribir al Régimen Simplificado de Confianza nueve.
“Por ejemplo, una persona o una persona física con actividades empresariales que hoy está en el RIF paga, de acuerdo con la ley, y que tiene un ingreso de 120 mil pesos anuales, viene pagando 9 mil 768 pesos de impuestos. En el nuevo régimen pagaría mil 200, ¿qué va a pasar con la recaudación? Más aun, si lo que se da es solamente un efecto de migración de un régimen en el que tributo hoy a un régimen en el que voy a tributar menos”, cuestionó.
Patricia López Portilla, representante de Coparmex, señaló que les preocupa el hecho de que el nuevo régimen esté considerado como un estímulo fiscal obligatorio y no opcional, como suelen ser este tipo de medidas, por lo que pidió a los legisladores hacer las precisiones pertinentes.
Subrayó que en el esquema propuesto para personas morales no se considera la posibilidad de deducir anticipos pagados a socios de sociedades civiles, lo que impactará gravemente a las empresas.
“Nuestra preocupación más grande en relación con este régimen de confianza para personas morales es la ausencia de la posibilidad de deducir los anticipos pagados a socios de sociedades civiles, esta cuestión va a impedir la deducibilidad de estos anticipos y va a impactar gravemente a las empresas”, indicó.
La especialista llamó la atención también sobre el hecho de que si bien el régimen de confianza para personas físicas no considera deducciones, les preocupa el tratamiento que se le vaya a dar al IVA que los proveedores les trasladen a éstas, porque si no se permite el acreditamiento de éste se convertirá en un incremento de la tasa efectiva de tributación.
“Que haya precisión de que aun cuando (las personas físicas) no tiene derecho a deducciones, sí tiene posibilidad de acreditar el IVA que le trasladen sus proveedores”, demandó.
Respecto a la obligación de los mayores de edad de darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), demandó que esto no genere obligaciones como expedir declaraciones provisionales o informativas ni sanciones por no cumplir con ellas.
“El RFC no es un padrón poblacional (…) si van a concluir que los mayores de 18 años tienen la obligación de darse de alta, en su caso lo que pediríamos es que no se les obligue a expedir declaraciones que no tendrían que expedir, ni provisionales ni informativas, y que no fueran sancionados por este tipo de omisiones o este tipo de obligaciones, porque en realidad, no están llevando a cabo actividades económicas”, dijo.
Arturo Pérez, representante de Canacintra, calificó como inconvencional e inconstitucional la reforma propuesta al artículo 9 de la ley del Impuesto Sobre la Renta, la cual plantea a que las empresa que pagan impuestos en el extranjero los acrediten después de pagos provisionales.
Lo anterior, dijo, es contrario a los criterios del SAT, que señalan que el acreditamiento debe ser antes del pago del ISR. Explicó que este esquema es una obligación que deriva de más de 70 tratados suscritos por México para evitar la doble tributación.
“Piensen ustedes en una empresa que con los pagos provisionales cubre 80 o 90 por ciento del ejercicio, ya no tendría derecho a acreditamiento, lo más grave es que hoy existe un criterio normativo del SAT, el 5/ISR/N que dice lo opuesto a lo que establece la reforma”, señaló.
