Saltillo, Coah.- La aplastante victoria del PRI en Coahuila, donde obtuvo las 16 diputaciones de mayoría, quedó bajo una sombra que amenaza con empañar la legitimidad del resultado: las denuncias de presunta compra masiva de votos mediante códigos QR.
Morena y el Partido del Trabajo aseguran que operadores políticos entregaban códigos QR a ciudadanos para registrar y verificar el sentido de su voto a cambio de dinero. El mecanismo, bautizado por la oposición como “QR Gate”, ya fue denunciado ante autoridades electorales y financieras, que deberán determinar si existió o no una estructura organizada para comprar sufragios.
Si estas acusaciones resultan ciertas, estaríamos frente a una de las formas más sofisticadas de corrupción electoral de los últimos años: la modernización tecnológica de las viejas prácticas del fraude político.
Lo más grave es que las denuncias no surgen únicamente por videos virales. La oposición afirma contar con evidencia de plataformas digitales, registros y mecanismos de validación utilizados para garantizar el pago a quienes demostraran haber votado por determinado partido.
El PRI celebra un “carro completo”. Morena habla de una “elección de Estado”. Entre ambas narrativas queda una pregunta que merece respuesta:
¿Ganó el PRI por el respaldo ciudadano o por una maquinaria digital de compra de votos?
La autoridad electoral tiene la última palabra. Pero mientras las investigaciones avanzan, el llamado “QR Gate” ya se convirtió en una mancha que persigue a la elección coahuilense y que amenaza con convertir una victoria histórica en un escándalo nacional.
Porque cuando el voto tiene precio, la democracia pierde valor.
Es de destacar que durante la jornada electoral en Coahuila, militantes y representantes de Morena denunciaron presuntos actos de hostigamiento e intimidación por parte de operadores vinculados al PRI, señalando que fueron seguidos de manera constante en distintos puntos de votación.
De acuerdo con estos señalamientos, algunos simpatizantes morenistas afirmaron haber sido vigilados mientras realizaban labores de promoción y observación electoral, situación que, aseguran, generó un clima de tensión durante el desarrollo de los comicios.
Hasta el momento, las autoridades electorales son las encargadas de investigar cualquier denuncia formal presentada y determinar si existieron conductas que pudieran constituir alguna irregularidad.
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