CIUDAD DE MÉXICO.- Trabajadores del sector protestaron el martes en México, en víspera de que el Congreso debata un decreto para reducir fondos del Poder Judicial, lo que consideran que atacará su independencia para poder operar.
Con carteles en los que se leían proclamas como “respeto a la división de poderes” o “no son privilegios, son nuestros derechos”, pequeños grupos de funcionarios se concentraron en las calles de distintos puntos del país por segundo día consecutivo para criticar los recortes propuestos por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
En la Ciudad de México, hubo cortes de vialidades en varios puntos que fueron disueltos a empujones por la policía.
El plan presidencial es suprimir 13 de 14 fideicomisos que financian el Poder Judicial de cara al presupuesto de 2024 porque, según el oficialismo, no son transparentes y sirven fundamentalmente para pagar privilegios.
Los trabajadores argumentan que esa decisión conllevará recortes laborales importantes para miles de personas.
La Suprema Corte de Justicia ha señalado que afectará, entre otros temas, a las pensiones o las prestaciones médicas de muchos de los 55.000 trabajadores del sector, el 60% de los cuales es personal operativo.
“¡No son privilegios, son nuestros derechos!”, como lo advirtieron, trabajadores del Poder Judicial en San Lázaro iniciaron las protestas por la posible desaparición de fideicomisos. Pero se confrontaron con los líderes sindicales que se negaban a parar labores: pic.twitter.com/FZW5lkzbnH
— Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) October 17, 2023
Lourdes Flores, subsecretaria del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, subrayó que los principales afectados no serán los once magistrados del alto tribunal ni los 1.600 jueces del país, sino personas como los mecanógrafos, los que entregan notificaciones a veces en áreas despobladas o el personal que atiende a los detenidos.
Un colegio profesional y el sindicato de trabajadores judiciales fueron los que llamaron a las manifestaciones del martes y, en su convocatoria, alertaban de que llevarán a cabo “todas las acciones jurídicas y de carácter social” necesarias para confrontar lo que consideran ataques del gobierno y del Poder Legislativo.
La Cámara de Diputados tiene previsto iniciar el miércoles el debate y la votación de la propuesta presidencial.
La confrontación entre López Obrador y el Poder Judicial no es nueva, pero no deja de crecer.
La ONU ha denunciado altos índices de impunidad en el país y, además, en ciertas regiones, muchos jueces viven amenazados o han sido sobornados por el crimen organizado.
El presidente siempre lo ha considerado un sector marcado por la corrupción y lleno de privilegios, pero el hecho de que algunas de las grandes reformas de esta administración —de las leyes energéticas a la creación de la Guardia Nacional— hayan sido cuestionadas en los tribunales, hizo incrementar sus arremetidas contra los magistrados y sobre todo contra la Suprema Corte.
López Obrador incluso ha llegado a apostar por que los jueces del máximo tribunal fueran elegidos en elecciones populares. Considera que sus miembros son parte de lo que llama la antigua “mafia del poder”.
El clima se ha encrespado y en las protestas del lunes se quemaron piñatas que representaban al mandatario: La Suprema Corte tuvo que sacar un comunicado denunciando lo que llamó “discursos de odio”.
El martes, López Obrador aprovechó para mandar un mensaje a los trabajadores y les dijo que no es con ellos la diputa, “que ellos no van a salir perjudicados en nada; al contrario, ellos van a resultar beneficiados, porque lo que se debe de buscar es bajarle el sueldo… los privilegios a los de arriba y subir el sueldo a los de abajo”.
Sin embargo, según lo expresado el mismo día por Gisela Morales, oficial mayor de la Suprema Corte, en una comisión de la Cámara de Diputados, si hay reducción de fondos se verá afectado el trabajo de los tribunales y por tanto el acceso a la justicia de los mexicanos.
