CIUDAD DE MÉXICO.- El vicefiscal del estado norteño de Sinaloa, Dámaso Castro, decidió el martes separarse de su cargo tras ser acusado junto con el gobernador del estado y otros ocho funcionarios mexicanos de presuntos delitos de narcotráfico y tenencia ilícita de armas por la fiscalía de Nueva York.
La salida de Castro se da cuatro días después de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el alcalde de la capital del estado, Juan de Dios Gámez -ambos del partido gobernante Morena-, anunciaron su separación temporal del cargo para facilitar las investigaciones que se adelantan en México sobre el caso que ha desatado una fuerte controversia en el país.
La Fiscalía de Sinaloa dijo el martes en un breve comunicado que Castro presentó una solicitud de “licencia sin goce de sueldo” y que estará a disposición de las autoridades para atender cualquier requerimiento.
Hace casi dos años Castro estuvo envuelto en una polémica después que el Ministerio Público reconoció fallas y omisiones en la investigación que abrió la fiscalía de Sinaloa sobre el asesinato del político y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Cuén Ojeda, ocurrido en 25 de julio de 2024.
El caso dio un giro luego de que la defensa del excapo detenido Ismael “El Mayo” Zambada hizo pública una carta del narcotraficante en la que reconocía que Cuén Ojeda — rival político de Rocha Moya — fue asesinado durante una operación en la que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo del excapo condenado Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Guzmán López y Zambada fueron detenidos el 25 de julio de 2024 en Texas en una confusa operación sobre la que México ha solicitado explicaciones a Estados Unidos, que hasta la fecha no han sido atendidas.
La fiscalía de Nueva York hizo pública la semana pasada una acusación por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas contra Rocha Moya, Gámez, Castro, y otros siete funcionarios mexicanos entre los que se incluye un senador de Morena y policías activos y retirados.
En la acusación se señala a los diez funcionarios de desempeñar un papel fundamental a la hora de ayudar a la la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos”, integrada por los hijos de “El Chapo”, a introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos.
La Fiscalía General de la República anunció el pasado viernes que no ejecutaría las detenciones provisionales con fines de extradición de los funcionarios mexicanos que solicitó Estados Unidos dado que “no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia” para la medida cautelar.
Al respecto, el titular de la fiscalía especializada de control competencial, Raúl Jiménez Vázquez, afirmó que no existían evidencias en los documentos que enviaron las autoridades estadounidenses que acrediten un delito para ejecutar la medida de detención provisional, y anunció que se solicitaría a Estados Unidos las pruebas, argumentos, informes y documentos que sean necesarios, por las vías que garanticen la confidencialidad.
Alterno al proceso que llevan las autoridades estadounidenses, la Fiscalía General de México también decidió iniciar una investigación del caso.
Tanto Rocha Moya, quien gobierna Sinaloa desde 2021, como otros funcionarios han rechazado las acusaciones y han aseguraron que el proceso busca atacar a Morena.
