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Reprueba auditoría a la Escuela es Nuestra

El reporte revela que además no se comprobaron 12.1 millones de pesos asignados a 71 beneficiarios que retiraron el dinero de las cuentas, pero no comprobaron en qué los gastaron.

En su revisión al ejercicio de 2020, la ASF detectó que el programa La Escuela es Nuestra no tiene mecanismos de supervisión y seguimiento, comprobación de aplicación de recursos, además de que tuvo un faltante por más de 573 millones de pesos. (Agencia Reforma)
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reprobó la operación del programa La Escuela es Nuestra (LEEN).

En su revisión al presupuesto que le fue asignado en 2020, la ASF detectó que el programa no tiene mecanismos de supervisión y seguimiento ni de control en la comprobación, además de que tuvo un faltante de más de 573 millones de pesos.

En la auditoría a mil 187 millones de pesos, del total de 7 mil 250 millones que el programa ejerció en 2020, la ASF no encontró documentación que acredite la aplicación de 552 millones.

Tampoco fueron reintegrados 9.4 millones de apoyos a 40 beneficiarios.

El reporte revela que además no se comprobaron 12.1 millones de pesos asignados a 71 beneficiarios que retiraron el dinero de las cuentas, pero no comprobaron en qué los gastaron.

Además, especialistas en educación y políticas públicas consideraron que la ambigüedad de las reglas de operación del programa, que contempla la asignación de recursos a padres de familia para la rehabilitación de planteles, puede abrir la puerta a un uso opaco o con fines clientelares de los recursos, advirtieron especialistas.

El programa LEEN, creado por la actual Administración, absorbió el presupuesto del plan Escuelas de Tiempo Completo (ETC) que operó hasta 2021 y que atendía a 3.6 millones de alumnos de 170 mil escuelas con jornada ampliada ubicadas en zonas pobres en donde se ofrecía alimentos a los escolares.

De acuerdo con las reglas de operación de La Escuela Es Nuestra, publicadas el pasado 28 de febrero, el Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP), integrado por padres de familia, será ‘responsable del ejercicio de los recursos una vez asignados por la Federación y, en su caso, de las entidades federativas, que tienen como objetivo la dignificación de los planteles educativos y la paulatina superación de las desigualdades entre las escuelas del País’.

Refiere que un vocal de transparencia, que también podrá ser un padre de familia, realizará las actividades de Contraloría Social.

Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) advierte que LEEN deja vacíos que se prestan a suspicacias.

‘De hecho la ASF con la Cuenta Pública 2020 sí menciona que hay recursos que se retiraron en efectivo y que no se sabe en qué se utilizaron. Entonces ahí, la discrecionalidad, la opacidad, la poca rendición de cuentas da pie a muchas cosas que no son deseables’, agregó.

Sugirió que para evitar dudas, los programas deben tener objetivos claros, diseño estructurado, evaluación y seguimiento para medir resultados.

En tanto, Manuel Guadarrama, coordinador de Gobierno y Finanzas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) comentó que se apostó por un programa opaco, y se eliminó uno que aunque creado en administraciones anteriores, había sido evaluado por pruebas como Enlace o Planea con buenos resultados.

Por otra parte, Ana Razo, investigadora del Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consideró que urge que una decisión de este tipo sea transparentada.

‘Me parece que la valoración de la decisión pasa por conocer las razones y los argumentos para desaparecerlo (programa ETC). Es decir; la autoridad educativa debe comunicar los resultados de la valoración que llevó a suspender un programa como éste’, expuso.

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