CIUDAD DE MÉXICO.- El embajador estadounidense Ronald Johnson afirmó el lunes que el combate a los cárteles de la droga debe unir a Estados Unidos y México, y sostuvo que cuando se politiza la seguridad es una “oportunidad perdida” para fortalecer la cooperación.
Johnson hizo su pronunciamiento un día después del duro discurso que ofreció la presidenta Claudia Sheinbaum en un evento en la capital, en el que criticó los procesos por narcotráfico que iniciaron las autoridades estadounidenses en abril contra diez funcionarios mexicanos —algunos de ellos miembros de Morena, el partido de gobierno—, y planteó que, cuando se interviene en asuntos internos, “ya no estamos hablando de cooperación, estamos hablando de injerencia”.
“Primero vienen por unos, luego por otros, hasta que las oficinas de justicia se vuelven el principal elector de México. Eso no lo podemos permitir”, manifestó Sheinbaum, al insinuar que detrás de los procesos judiciales habría el interés de afectar los comicios regionales y legislativos que se realizarán en el país el próximo año.
El proceso judicial contra el gobernador oficialista del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios activos y retirados, generó fricciones entre México y Estados Unidos y desató una crisis interna que golpeó al gobierno de Sheinbaum y a Morena.
Contra la politización
Sin hacer ninguna mención específica, el diplomático dijo en su cuenta en la red social X que la “lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos”, y añadió que las personas de ambos lados de la frontera merecen vivir “libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que generan los cárteles”.
“Cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política, es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación”, señaló Johnson, quien hace un año asumió la representación diplomática de Washington en México.
En los últimos dos meses han surgido tensiones entre ambos gobiernos por las acusaciones que realizó la fiscalía de Nueva York contra diez funcionarios mexicanos, y por el incidente ocurrido en abril en el estado norteño de Chihuahua, en el que murieron dos agentes de la CIA.
La presencia en México de los dos estadounidenses se conoció poco después de su fallecimiento en un percance vial, ocurrido el 19 de abril en las montañas de Chihuahua, donde se había desmantelado un laboratorio clandestino de drogas sintéticas.
El gobierno de Sheinbaum le reclamó a Estados Unidos que no le informara de las actividades de sus agentes en territorio mexicano.
La fiscalía de Nueva York acusó en abril a Rocha, al alcalde de la capital de Sinaloa, Juan de Dios Gámez, y a otros ocho funcionarios activos y retirados de cooperar con el Cártel de Sinaloa, y solicitó su detención preventiva con fines de extradición.
Rocha y Gámez –-ambos de Morena— se separaron temporalmente de sus cargos para facilitar la investigación. Por su parte, Gerardo Mérida y Enrique Díaz, exsecretarios de Seguridad y Finanzas respectivamente del gobierno de Sinaloa, se entregaron a las autoridades estadounidenses a mediados de mayo.
Mérida tuvo el lunes su primera audiencia en una corte federal de Nueva York, donde la juez Katherine Polk afirmó que las evidencias del caso eran “abundantes”.
En medio de las tensiones, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, visitó el 21 de mayo la capital mexicana y se reunió con Sheinbaum en el Palacio Nacional para dialogar sobre el fortalecimiento de las labores contra los cárteles, el progreso de la lucha contra el tráfico de personas y narcóticos ilegales, y el reforzamiento de los compromisos operativos para la seguridad fronteriza y la prevención de la migración ilegal.
