NUEVO LAREDO, TAM.- Personal del Poder Judicial de la Federación en Nuevo Laredo ha cesado sus actividades a partir de hoy, en oposición a la controvertida reforma judicial en discusión en el Senado. La medida, que involucra a aproximadamente 60 miembros del Poder Judicial de la Federación en la región, refleja el desacuerdo con propuestas que buscan modificar la estructura y el funcionamiento del sistema judicial.
Arturo Samaniego Morales, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Nuevo Laredo, explicó que la protesta responde a la intención de reformar la selección de ministros, magistrados y jueces mediante un voto popular, en lugar del actual proceso de carrera judicial. “Estamos en contra de esta reforma por la intromisión de los poderes Ejecutivo y Legislativo en el Judicial. En un Estado Democrático, los poderes deben funcionar como contrapesos”, afirmó Samaniego Morales.
La reforma propuesta, que busca eliminar el Consejo de la Judicatura Federal y someter a los jueces y magistrados a un proceso electoral, ha generado gran preocupación entre los miembros del Poder Judicial. Según Samaniego Morales, este cambio violaría los principios de independencia y profesionalismo del sistema judicial, que actualmente se basa en una carrera judicial con años de preparación y exámenes rigurosos.
El paro, que comenzó a la medianoche del 21 de agosto, es indefinido hasta que se logren resoluciones sobre la reforma. Durante este tiempo, se mantendrán guardias para atender asuntos urgentes y esenciales, asegurando que se continúe con la atención de casos críticos, según lo establecido por el foro jurídico.
Samaniego Morales también hizo un llamado a la ciudadanía para que no se deje engañar por las acusaciones generalizadas de corrupción hacia el Poder Judicial. Reiteró que cualquier prueba de corrupción debería ser reportada a la Fiscalía General de la República para su debida investigación.
La acción de paro se enmarca dentro de una serie de protestas en todo el país, como parte de un movimiento más amplio para proteger la integridad y autonomía del sistema judicial frente a propuestas legislativas que, según los críticos, podrían politizar el Poder Judicial y comprometer su imparcialidad.
