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Ordenan definir si Robles debe ir a prisión domiciliaria

Tribunal ordenó a juez definir si Rosario Robles debe continuar en prisión domiciliaria su proceso por presunta omisión ante desvíos

Rosario Robles, ex funcionaria de la Administración de Enrique Peña. [Foto: Archivo]
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribunal federal ordenó esta tarde celebrar una audiencia para definir si a partir de ahora Rosario Robles debe salir de la cárcel y llevar en prisión domiciliaria su proceso por la supuesta omisión ante los desvíos de la Estafa Maestra.

El Noveno Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México instruyó al juez de control Ganther Alejandro Villar Ceballos citar a la nueva diligencia a más tardar el próximo lunes, para revisar la medida cautelar impuesta a la ex funcionaria desde el 13 de agosto de 2019.

Por unanimidad, los magistrados del Colegiado aprobaron el proyecto de sentencia de Juan Carlos Ramírez Benítez, que concedió el amparo a la ex secretaria de Estado para que se considere la posibilidad de modificar la prisión preventiva.

Los integrantes del colegiado confirmaron en forma definitiva el fallo dictado el pasado 12 de junio por Augusto Octavio Mejía Ojeda, Juez Tercero de Distrito en Amparo, declarando como infundados e inoperantes los argumentos o agravios de la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación.

Estas últimas pidieron mantener la presente medida cautelar, con base en el supuesto riesgo de fuga.

Esto último ha sido señalado por la FGR, con base en la existencia de registros domiciliarios y de una licencia de conducir que la propia Robles ha denunciado como falsa, así como por la aparente disponibilidad de recursos económicos y redes familiares que, para la autoridad, le facilitarían la evasión de la justicia.

La procesada presentó este amparo contra el fallo dictado el 30 de abril de 2020 por Villar Ceballos, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, quien rechazó concederle el cambio de medida cautelar y le ratificó la prisión preventiva justificada, porque estimó que prevalece el riesgo de fuga.

Autoridades judiciales dijeron que la audiencia de reposición ordenada hoy por el colegiado deberá llevarse a cabo a partir del momento procesal en que el juez de control inicia la argumentación y dictado de su veredicto, es decir, que no habrá debate entre las partes.

El juzgador sólo reconsiderará los argumentos que la defensa de Robles y la FGR vertieron en la audiencia de abril del año pasado y volverá a emitir su determinación, con base en razonamientos jurídicos más detallados.

En este amparo, la ex funcionaria también reclamó la inconstitucionalidad del articulo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que exige como requisito tener por lo menos 70 años de edad para acceder a la prisión domiciliaria.

Sin embargo, el tribunal rechazó concederle la protección de la justicia por lo que toca a este aspecto, en los mismos términos que lo resolvió el juez Mejía Ojeda. Sólo le concedió la protección de la justicia para reponer la audiencia en los términos antes referidos.

Robles ha intentado infructuosamente conseguir la libertad provisional y la prisión domiciliaria en tres ocasiones. El ordenado este jueves por el tribunal colegiado será su cuarto intento.

El 22 de octubre de 2019 y el 5 de febrero y 30 de abril de 2020 distintos jueces rechazaron concederle el beneficio, concluyendo que prevalecían las mismas condiciones por las que se decretó la prisión preventiva.

Desde el 13 de agosto de 2019, Robles fue vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, que no amerita por norma la privación de la libertad del imputado durante el procedimiento judicial.

Sin embargo, desde esa fecha está presa en el Penal de Santa Martha, porque el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna le impuso la prisión preventiva justificada.

La FGR desde entonces ha convencido a los jueces del riesgo de que Robles pueda evadirse de la justicia, argumentando que carece de arraigo en la Ciudad de México, además de que cuenta con los recursos económicos y las relaciones para intentarlo.

La imputación de la FGR versa sobre su supuesta omisión como titular de la Sedatu y la Sedesol, en el sexenio pasado, ante los desvíos de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos que supuestamente llevaron a cabo sus subordinados.

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