UVALDE, Texas.- Los agentes de policía que acudieron al tiroteo en una escuela primaria de Uvalde, Texas, aguardaron demasiado para enfrentar al agresor, actuaron “sin urgencia” al instalar un puesto de mando y comunicaron información inexacta a las familias afligidas, según un informe del Departamento de Justicia publicado el jueves que identifica “fallas en cascada” en el accionar policial frente a la masacre.
El informe del Departamento de Justicia —el relato federal más completo sobre la vilipendiada respuesta policial a la matanza del 24 de mayo de 2022 en la escuela primaria Robb— identifica una amplia gama de problemas de entrenamiento, comunicación, liderazgo y tecnología que según las autoridades federales contribuyeron a prolongar la crisis mucho más allá de lo necesario. Y mientras tanto, alumnos aterrados dentro de las aulas llamaban al número de emergencias 911 y padres angustiados suplicaban a los agentes que entraran, señala el informe.
“Si las agencias policiales hubieran seguido las prácticas generalmente aceptadas en situaciones en las que hay un hombre armado activo y hubieran ido tras el agresor y lo hubieran detenido, se habrían salvado vidas y habrían sobrevivido personas”, dijo el secretario de Justicia estadounidense Merrick Garland en una conferencia de prensa en Uvalde, luego de que funcionarios del Departamento de Justicia informaron a los familiares de las víctimas sobre sus hallazgos. Las víctimas de Uvalde, señaló, “merecían algo mejor”.
Incluso para una masacre que ya ha sido objeto de intenso escrutinio y de profundas revisiones —un informe anterior de los legisladores de Texas, por ejemplo, responsabilizó a las agencias policiales de todos los niveles de no haber “dado prioridad a salvar vidas inocentes en lugar de su propia seguridad”—, el informe de casi 600 páginas del Departamento de Justicia permite comprender mejor cómo la policía de Uvalde fracasó en detener un ataque en el que murieron 19 niños y dos maestras.
La deficiente respuesta inicial se vio exacerbada en los días posteriores por una ineptitud que agravó la aflicción de los familiares, de acuerdo con el informe.
Un familiar pasó horas extrayendo trozos de vidrio del cuerpo herido de su hijo debido a que algunos de los niños que sobrevivieron no habían sido revisados para recibir atención médica. Un fiscal de distrito del condado les dijo a los familiares que tenían que aguardar los resultados de las autopsias antes de que se pudieran notificar las muertes, lo que llevó a algunos a gritar: “¿Qué? ¿Nuestros hijos están muertos? ¡No! ¡No!”
Personal de hospital “sin capacitación para dar noticias dolorosas” les dijo a algunos familiares que sus seres queridos habían muerto, mientras que en otros casos las familias recibieron información incorrecta que indicaba que un niño había sobrevivido, cuando no era el caso. En un momento dado, un funcionario les dijo a las familias que aguardaban noticias sobre sus hijos que un autobús con sobrevivientes se dirigía al hospital, pero eso no era cierto.
“En una réplica de las fallas de la respuesta policial, agencias estatales y locales no se coordinaron, lo que llevó a que se diera información inexacta e incompleta a familiares ansiosos y miembros de la comunidad y el público”, dijo la fiscal general adjunta Vanita Gupta.
La respuesta policial fue masiva, dado que incluyó a 380 miembros del personal de 24 agencias del condado, así como locales, estatales y federales.
Pero los problemas comenzaron casi de inmediato luego de que la policía asumió equivocadamente que el agresor estaba atrincherado, o bien había sido contenido de alguna otra forma, incluso mientras seguía disparando. Esa “mentalidad predominó durante buena parte de la respuesta al incidente”, cuando la policía, en lugar de penetrar por la fuerza en las aulas para poner fin a la carnicería, esperó casi una hora para enfrentar al agresor, hecho que el informe calificó de “falta de urgencia”.
El agresor, Salvador Ramos, fue muerto 77 minutos después del arribo de la policía, cuando un equipo táctico dirigido por la Patrulla Fronteriza finalmente irrumpió en un aula para abatirlo.
“Un hombre activo armado con acceso a víctimas nunca debería ser considerado y tratado como un sujeto atrincherado”, dice el informe, con la palabra “nunca” en itálica.
En otros errores, dice el informe, la policía actuó “sin urgencia” para instalar un puesto de mando en la escena, lo que generó confusión entre los agentes acerca de quién estaba al mando. El entonces jefe de la policía del distrito escolar, Pete Arredondo, dejó de lado sus radios al llegar por considerarlos innecesarios. Aunque trató de comunicarse por teléfono con los agentes en otras partes del pasillo escolar, “desafortunadamente, en varias ocasiones, instruyó a los agentes que trataban de entrar a las aulas que se detuvieran, porque aparentemente decidió que antes se debía retirar a otras víctimas de las aulas vecinas para prevenir más lesiones”.
Uvalde, una comunidad de más de 15.000 habitantes ubicada a 140 kilómetros (85 millas) al suroeste de San Antonio, sigue afectada por el trauma que dejaron los homicidios, y continúa dividida en lo que respecta al tema de la rendición de cuentas. La fiscal de distrito del condado Uvalde, Christina Mitchell, ha dicho que aún está sopesando si presentará cargos penales.
El presidente Joe Biden dijo en un comunicado que el informe identificó “diversas fallas que ofrecen lecciones para el futuro” y que “ninguna comunidad debería tener que pasar” por lo que vivió Uvalde.
En Texas, en un principio el gobernador Greg Abbott había elogiado la valentía de los agentes, señalando que la razón por la que el tiroteo “no había sido peor era porque los agentes de la policía hicieron lo que tenían que hacer” y que habían sido valientes al “correr en dirección de los disparos con el único propósito de tratar de salvar vidas”.
Pero esa narrativa se desmoronó al ser examinada con cuidado, luego de que un informe de un panel de legisladores estatales e investigaciones de periodistas expuso cómo gran cantidad de agentes entró y salió de la escuela con las armas desenfundadas, pero no ingresaron al aula donde se estaba desarrollando el tiroteo.
“Las acciones de los agentes que acudieron al lugar, en conjunto con la narrativa ‘heroica’ que comenzó con (un portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas) y continuó al día siguiente durante la conferencia de prensa del gobernador y del director, propinaron un fuerte golpe a la confianza del público en las agencias policiales locales y estatales”, señala el informe.
La ciudad de Uvalde dijo en un comunicado que había solicitado la investigación federal, que había cooperado plenamente con ella y que ya había “implementado cambios en el liderazgo, (y añadido) nuevo personal, nuevo entrenamiento y nuevo equipo”.
El informe omite intencionalmente la identidad del agresor y alguna explicación de un posible motivo. Pero sí incluye textos de una página para recordar a cada una de las víctimas, incluidos Jose Flores Jr., de 10 años de edad, a quien le gustaban los autos y le iba al equipo Astros de Houston, y Amerie Jo Garza, que en la mañana del tiroteo había celebrado su nombramiento en el cuadro de honor.
Y destaca las frases llenas de angustia y pánico realizadas por estudiantes que llamaron al número de emergencias 911 cuando estaban atrapados en el salón de clases —”¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda!”, “No quiero morir. ¡Mi profesora está muerta!”— y que vivieron un “horror inimaginable” mientras los agentes estaban parados afuera del aula en el pasillo.
“Espero que las fallas terminen hoy”, dijo Kimberly Rubio, cuya hija Lexi Rubio falleció en la masacre. “Mi hija, nuestros hijos, están nombrados en este informe porque están muertos”. En cuanto a los agentes que fallaron, declaró: “Ellos deberían ser nombrados”.
Velma Lisa Duran, cuya hermana Irma Garcia fue una de las profesoras asesinadas, dijo antes de la publicación del informe que estaba desalentada por la posibilidad de revivir las circunstancias de la muerte de su hermana y que lo que realmente quiere es que se presenten cargos penales.
“Un informe no importa cuando no hay consecuencias por acciones que son tan abominables y asesinas y malas”, dijo Duran. “¿Qué quieren que hagamos con otro informe?… Llévenlo a la corte”.
La revisión federal fue iniciada tan sólo días después del tiroteo. Desde entonces, la manera en la que la policía responde a los tiroteos masivos en todo el país ha estado bajo un mayor análisis.
Las familias de algunas de las víctimas de Uvalde han criticado a los policías llamándolos cobardes y han exigido su renuncia. Por lo menos cinco agentes han perdido su empleo, incluidos dos agentes del Departamento de Seguridad Pública del estado y el comandante Arredondo.
Nadie ha sido acusado de un delito.
