Reciben décadas de cárcel por tiroteo en centro migratorio de Texas

FORT WORTH, Texas, EE.UU. (AP) — Ocho manifestantes acusados por el Departamento de Justicia de tener vínculos con antifa fueron sentenciados el martes a varias décadas en una prisión federal por un tiroteo fuera de un centro de detención de inmigrantes de Texas que hirió a un policía y que los fiscales calificaron como un acto de terrorismo.
Uno de los acusados, un exreservista del Cuerpo de Marines declarado culpable de abrir fuego durante la manifestación del 4 de julio fuera del Centro de Detención Prairieland, cerca de Dallas, fue condenado a 100 años de prisión, el castigo máximo.
Las largas condenas fueron condenadas por familiares y simpatizantes en una conferencia de prensa fuera del tribunal federal en Fort Worth. Hope Song, cuyo hijo Benjamin Song recibió la condena más severa, cuestionó las afirmaciones de los fiscales de que su hijo le disparó al policía y aseguró que no tenía intención de herir a nadie.
El juez federal de distrito Reed O’Connor, uno de los dos magistrados del proceso, declaró que lo ocurrido no fue una protesta sino “un asalto a la democracia”.
“La necesidad de disuadir este tipo de conducta es alta”, indicó O’Connor.
Los otros siete manifestantes recibieron condenas de prisión que oscilaron entre 30 y 70 años.
Los fiscales sostienen que los ocho son miembros de antifa, una supuesta organización antifascista que el gobierno de Trump suele denunciar. Antifa — abreviatura de “antifascistas” — no es realmente una organización sino más bien un término paraguas para grupos de izquierda que confrontan o resisten a neonazis y supremacistas blancos en manifestaciones. Los procesados niegan cualquier afiliación y mantienen que asistieron a la manifestación para mostrar apoyo a los inmigrantes dentro del centro de detención.
El presidente Donald Trump firmó el otoño pasado una orden ejecutiva que designa a antifa como una organización terrorista nacional, aunque no existe un equivalente interno a la lista del Departamento de Estado de organizaciones terroristas extranjeras.
El fiscal Frank Gatto instó al juez a imponer penas severas.
“Las personas con ese tipo de creencias extremistas necesitan más tiempo en prisión”, señaló Gatto. “Creen que la violencia está justificada”.
Philip Hayes, el abogado de Song, sostuvo fuera del tribunal que no es cierto que los procesados sean extremistas.
“Nuestro problema con este caso siempre ha sido que esto no es un grupo de terroristas. Esto es un grupo de chicos y jóvenes adultos que de verdad tienen un gran corazón y realmente querían que se escuchara su voz. Nunca se pretendió que nadie resultara herido. Nunca se pretendió que hubiera disparos”, aseguró.
Los fiscales dijeron en el tribunal que Song había gritado “vayan por los rifles” y abrió fuego, hiriendo a un policía que acababa de llegar al centro.
Hayes argumentó que los disparos de Song fueron “fuego de supresión” y que el policía solo fue alcanzado por una bala de rebote después de que llegó al lugar y sacó su arma de manera “agresiva”. Indicó que su cliente apelaría la sentencia de 100 años.
“Song, aparte de este día, ha tenido una vida impecable. Un exmarine. Un buen estudiante”, indicó Hayes. “Tenía muchas buenas cualidades que simplemente se ignoraron y el juez a pesar de eso le impuso lo máximo que pudo”.
Otros acusados y sus familiares pidieron clemencia en el tribunal.
Autumn Hill aseveró que la protesta “parecía más una fiesta para mí que cualquier otra cosa” y que ella y otros que participaron “no esperaban ni querían que ocurriera ninguna violencia o destrucción de propiedad”.
Amber Lowrey le dijo al juez que su hermana, Savanna Batten, es una persona compasiva con sueños de abrir una panadería. Afirmó que el activismo de Batten comenzó con los derechos de los animales y evolucionó hacia el activismo antibélico y la defensa de los derechos humanos.
“Es la mejor persona que conozco”, expresó Lowrey.
Hill y Batten recibieron condenas de 50 años.
Otros se declararon culpables de brindar apoyo material a terroristas en lugar de llevar su caso a juicio.
Los críticos advierten que el caso podría tener un enorme impacto en las protestas, dado que las organizaciones que operan dentro de Estados Unidos están protegidas por los derechos de libertad de expresión de la Primera Enmienda.
Los fiscales federales acusaron la semana pasada a 15 personas de obstaculizar la ofensiva del gobierno de Trump contra la inmigración en Minnesota. Afirmaron que los manifestantes eran miembros de antifa que conspiraron contra el gobierno federal para bloquear arrestos y deportaciones, al instalar bloqueos alrededor de edificios gubernamentales y lanzar trozos de hielo a vehículos federales, entre otras acciones.
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