Nuevo Laredo, Tam.— Lo que debía ser un día cualquiera se convirtió en una experiencia marcada por el miedo, la soledad y la intimidación para Esperanza, una joven de 20 años. Todo comenzó cuando su vehículo fue impactado por una patrulla de la Fuerza Especial de la Guardia Estatal que se pasó un semáforo en rojo. Ella había iniciado su marcha con la luz verde, como correspondía. Ellos no frenaron.
“Yo estaba esperando mi verde ahí por Anzures, y cuando avancé, la patrulla no se detuvo. Nos impactamos. Me asusté mucho”, relata Esperanza con voz temblorosa, aún afectada emocionalmente por lo ocurrido, desde la cama del Hospital San Gerardo, donde convalece, rodeada de implementos médicos, suero, y canalizada, ante una eventual operación, que finalmente no fue necesaria.
Lo que siguió no fue auxilio, ni protocolos de apoyo, ni evaluación médica inmediata. Fue violencia. La bajaron con gritos, la rodearon. “Me empezaron a decir que me bajara, así de repente, gritándome. Yo no me bajé del vehículo, solo bajé el vidrio y uno de ellos me quitó el teléfono”, recuerda. Asustada, intentó explicarse, pedir ayuda, decir que no se sentía bien. Pero no fue escuchada.
Los elementos de la Guardia Estatal —bajo las órdenes del coordinador Luis Ángel Peñaflor Camey, señalado en múltiples ocasiones por abuso de autoridad— la rodearon y comenzaron a presionarla para que aceptara la culpa del accidente. “Uno me decía que le dijera quién me había mandado, que él sabía que alguien me había mandado, y que si no le decía, no me iba a dejar ir”, denuncia Esperanza.
Aunque en estado de shock, con las manos entumecidas y la cara adormecida por la crisis de ansiedad, los agentes la obligaron a moverse del asiento del conductor al copiloto para que uno de ellos maniobrara el vehículo. La trasladaron a una zona oscura, alejada de la vista pública. No permitieron que nadie se le acercara.
“Yo tenía mucho miedo, porque eran muchos y yo estaba sola. Me hicieron que me moviera ahí donde estaba oscuro y no dejaban que se acercara nadie, ni cuando ya le había hablado a mi tía”, relata.
Mientras esperaba a los paramédicos —que tardaron en llegar—, solo recibió burlas y más presión. “Me decían que tomara agua, que por qué traía coca, que si me había drogado. Yo solo les decía que iba a comer, que estaba muy asustada”.
Este caso no es aislado. Organizaciones de derechos humanos han señalado reiteradamente a la Guardia Estatal por uso excesivo de la fuerza, actos de intimidación y fabricación de culpables, especialmente bajo la coordinación de Luis Ángel Peñaflor Camey. Sin embargo, las denuncias quedan archivadas, sin avances, en una ciudad donde la autoridad actúa con impunidad.
“¿Voy a presentar una denuncia? No sé… tengo miedo”, confiesa Esperanza. Su temor no es infundado. Como muchas otras víctimas, entiende que enfrentarse a las instituciones muchas veces significa quedar más desprotegida. “Pues porque son la autoridad, y hacen lo que quieren”.
Su caso refleja una realidad cruda: cuando quienes deben proteger a la ciudadanía son quienes la violentan, los neolaredenses quedan atrapados en un sistema que en vez de justicia, impone miedo. Y cuando una mujer joven, sola, en estado de crisis, se convierte en blanco de agresiones por parte de agentes del Estado, la pregunta no es solo ¿quién la puede proteger?, sino ¿cuántas más no se atreven a hablar?
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