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Casa Blanca y farmacéutica condenan ley de aborto en Indiana

El viernes, Indiana se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en aprobar una ley en ese sentido desde que la Corte Suprema federal anuló un fallo histórico de 1973

AP

INDIANÁPOLIS, Indiana.- El gobierno del presidente Joe Biden y uno de los empleadores más grandes de Indiana condenaron el sábado la nueva prohibición de abortos en el estado, la cual la Casa Blanca considera otro intento extremo de los republicanos de pisotear los derechos de las mujeres.

El viernes, Indiana se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en aprobar una ley en ese sentido desde que la Corte Suprema federal anuló un fallo histórico de 1973 que había protegido el derecho al aborto a nivel nacional.

“La legislatura de Indiana dio un paso devastador como consecuencia de la decisión extrema de la Corte Suprema de anular el fallo Roe vs. Wade y eliminar el derecho protegido constitucionalmente de las mujeres al aborto”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en un comunicado el sábado. “Es otro paso radical de los legisladores republicanos para arrebatar a las mujeres los derechos reproductivos y su libertad, al poner las decisiones personales de salud en manos de políticos en lugar de en las manos de las mujeres y sus médicos”.

La prohibición, que entra en vigor el 15 de septiembre, incluye algunas excepciones. Se permitirán abortos en casos de violación e incesto, antes de 10 semanas posteriores a la fertilización, a fin de proteger la salud de la madre y si a un feto se le diagnosticó un defecto letal. Las víctimas de violación e incesto no tendrán la obligación de firmar una declaración jurada para dar fe de un ataque, como se llegó a proponer.

Bajo la ley, los abortos solamente pueden ser realizados en hospitales o centros ambulatorios propiedad de hospitales, lo que significa que las clínicas de abortos perderán sus licencias. Un médico que realice un aborto de forma ilegal o no presente los reportes requeridos perderá su licencia para ejercer.

El Senado estatal aprobó la iniciativa de ley por 28-19 y la cámara baja la aprobó por 62-38. El gobernador Eric Holcomb la promulgó el viernes por la noche.

El gigante farmacéutico Eli Lilly and Co., que da empleo a 10.400 personas en su sede en Indianápolis, advirtió que la prohibición podría llevarlo a reevaluar su presencia en Indiana.

“Nos preocupa que esta ley obstaculice la capacidad de Lilly, y de Indiana, para atraer diversos talentos científicos, de ingeniería y comerciales de todo el mundo”, subrayó la compañía en un comunicado el sábado. “Si bien hemos ampliado la cobertura de nuestro plan de salud para empleados a fin de incluir viajes por servicios reproductivos que no están disponibles localmente, eso puede no ser suficiente para algunos empleados actuales y potenciales”.

“Dada esta nueva ley, nos veremos obligados a planificar un mayor crecimiento del empleo fuera de nuestro estado de origen”, añadió.

Lilly cuenta con centros de investigación y desarrollo en la ciudad de Nueva York y en las ciudades californianas de San Diego y San Francisco, y este año anunció que construirá un centro de medicina genética de 700 millones de dólares en Boston.

Lilly no estaba entre las más de 250 empresas que se opusieron a las restricciones al aborto en una carta publicada el 21 de julio por la organización Unión Americana de Libertades Civiles, según publicó The Indianapolis Star.

IU Health, la mayor red de atención médica en Indiana, informó que estaba estudiando la nueva ley.

“La prioridad de IU Health sigue siendo garantizar que nuestros médicos y pacientes tengan claridad cuando toman decisiones sobre un embarazo dentro de los límites de la ley. Tomaremos las próximas semanas para entender plenamente los términos de la nueva ley y cómo incorporar los cambios a nuestra práctica médica para proteger a nuestros proveedores y cuidar a las personas que solicitan atención médica reproductiva”, señaló la red en un comunicado.

La Cámara de Comercio de Indianápolis instó a la Legislatura del estado a proceder con cautela, diciendo que “un proceso legislativo tan acelerado… es, como mínimo, perjudicial para los residentes de Indiana y, como máximo, imprudente”.

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