CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum reaccionó el jueves con firmeza a la acusación por narcotráfico de Estados Unidos contra el gobernador oficialista del estado de Sinaloa y afirmó que dejará en manos de la Fiscalía General la decisión sobre cómo proceder en el controversial caso que ha desatado nuevas tensiones con Washington.
En su conferencia matutina Sheinbaum indicó que si la Fiscalía General recibe “pruebas contundentes e irrefutables” o si en su investigación encuentra elementos constitutivos de un delito “deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción” para tramitar la detención y extradición del gobernador y de otros nueve funcionarios mexicanos.
Pero seguidamente advirtió que “si no existen pruebas claras es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”.
“Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”, afirmó la mandataria.
El proceso iniciado en Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya —el funcionario de mayor rango entre los acusados— por presuntos vínculos con el narcotráfico ha desatado nuevas fricciones entre México y la administración de Donald Trump.
El vínculo bilateral ha pasado por varios momentos álgidos en los últimos meses por las presiones de Washington contra los cárteles mexicanos y la política arancelaria y más recientemente por la muerte de dos agentes de la CIA en un accidente en el estado de Chihuahua.
Rocha Moya y los otros nueve funcionarios mexicanos —activos y retirados— fueron señalados de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas en una acusación formal que se hizo pública la víspera en Nueva York y en la cual se afirma que colaboraron en el envío masivo de estupefacientes ilícitos a Estados Unidos.
Además de Rocha Moya, que gobierna Sinaloa desde 2021, también fue acusado el alcalde de la capital de ese estado y un senador del partido gobernante Morena. Otros funcionarios ocupaban cargos no vinculados con ningún partido.
Según la fiscalía estadounidense los acusados ayudaron al Cártel de Sinaloa a introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos. Dicho cártel es uno de los ocho grupos delictivos latinoamericanos a los que Estados Unidos designó como organización terrorista.
El gobernador rechazó de forma categórica las imputaciones en su contra y dijo el miércoles en su cuenta en la red social X que “carecen de veracidad y fundamento alguno”.
Rocha Moya, que fue un firme aliado del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y de su política de no confrontación directa con los cárteles, sostuvo que no es sólo un ataque contra su persona sino contra el movimiento político oficialista Morena y sus líderes y se inscribe en “una perversa estrategia para violentar el orden constitucional” y la soberanía de México.
Sheinbaum informó que conversó la víspera con el gobernador de Sinaloa y le manifestó que “si no hay nada, pues no hay nada que temer”.
Al insistir en que debe haber “pruebas contundentes”, la mandataria recordó el proceso del exsecretario de Defensa, general Salvador Cienfuegos, quien fue detenido temporalmente en Estados Unidos en 2020 acusado de participar en una red de tráfico de drogas y posteriormente se le retiraron los cargos y fue enviado a México, donde quedó en libertad.
Tras el anuncio del proceso contra los diez funcionarios, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México indicó en un comunicado que el martes en la tarde había recibido solicitudes de extradición de diversas personas de parte de Estados Unidos, pero no ofreció detalles.
Agregó que la documentación recibida “no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición”.
Por su parte, el vicefiscal general Ulises Lara dijo en un video que se difundió el martes que la cancillería notificó a la Fiscalía General de las solicitudes y agregó que se revisará e investigará la información para establecer “si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin”.
Lara recordó que sólo se puede aprobar la extradición “si se determina que las pruebas son suficientes conforme a las leyes de la parte requerida”, pero admitió que la solicitud de Washington “no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados”.
Dijo también que para enjuiciar a un funcionario elegido por el voto popular se requiere un juicio político para retirarle la inmunidad.
