CARACAS (AP) — La presidenta encargada de Venezuela anunció el viernes un proyecto de ley de amnistía que apunta a la liberación masiva de dirigentes opositores, sindicalistas, periodistas, estudiantes y activistas de derechos humanos presos por motivos políticos.
La ley de amnistía era una de las principales demandas de la oposición, respaldada por Estados Unidos. Ese pedido se acentuó particularmente después de que las fuerzas militares estadounidenses capturaron al ahora depuesto presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en un audaz operativo en Caracas el 3 de enero.
Durante la apertura de actividades judiciales del año 2026 y ante magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, los líderes de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral– la mandataria anunció la decisión de “impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente”. Agregó que con celeridad encargó a sus colaboradores que en “las próximas horas, instalados en urgencia, presenten la ley ante la Asamblea Nacional” para su discusión y aprobación.
Los años a considerar en el proyecto de ley incluyen el mandato del ahora fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y de Maduro (2013-2026), su sucesor y heredero político.
“Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país… la convivencia entre los venezolanos”, enfatizó.
“Que no se imponga la venganza, la revancha ni el odio. Estamos dándole una oportunidad para vivir en paz y tranquilidad en Venezuela”, señaló. “Desde la diversidad y la pluralidad que existe, podamos coexistir con respeto y por encima de todas las cosas, con respeto a la ley y a la justicia”, añadió.
Seguidamente, Rodríguez aclaró que la ley de amnistía excluirá a los condenados por homicidio, tráfico de drogas y violaciones graves a los derechos humanos.
El 8 de enero, después de la operación militar estadounidense y el traslado de Maduro para comparecer ante un tribunal en Nueva York para enfrentar cargos por presunto narcoterrorismo, Rodríguez ofreció la liberación de un “ número importante” de encarcelados como una señal, dijo, para consolidar la paz y convivencia.
El proceso, sin embargo, ha enfrentado críticas de familiares y organizaciones civiles por falta de celeridad e información de las excarcelaciones.
Rodríguez ha declarado que su gobierno ha liberado a más de 600 reclusos.
Pero Foro Penal —una de las organizaciones civiles más prestigiosas del país y que monitorea la situación de los presos en Venezuela— indicó que hasta el miércoles pasado 302 personas habían sido excarceladas y 711 permanecen detenidas por razones políticas.
El gobierno niega que existan “presos políticos” y acusa a los detenidos de conspirar para desestabilizarlo.
La mandataria anunció la semana pasada que le pedirá al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos verificar las listas de excarcelados para poner fin a las discrepancias existentes en las cifras.
Las autoridades no han dado a conocer el nombre ni el número de presos que tienen pensado liberar. Ante ello, grupos defensores de los derechos humanos buscan pistas e información, en medio de la angustiosa espera de sus familiares, muchos de ellos a las puertas de las cárceles.
Rodríguez también anunció sorpresivamente el viernes el cierre del Centro de Procesados y Penados de Caracas, conocido como El Helicoide, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), que según grupos activistas, suele albergar a varios de los principales opositores al gobierno.
“Hemos decidido que las instalaciones del Helicoide, que hoy sirven como centro de detención se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto”, indicó.
El helicoide, diseñado en la década de 1950 como un gigantesco y lujoso centro comercial con un hotel, helipuerto y cientos de tiendas, que nunca abrió sus puertas, ha sido objeto por años de denuncias de violaciones de derechos humanos por organizaciones no gubernamentales locales e internacionales, entre ellas Amnistía Internacional.
