Un tribunal federal de apelaciones rechazó un intento de defender la Ley Dream de Texas, dejando vigente un fallo que puso fin a una antigua ley estatal que permitía a algunos estudiantes indocumentados pagar matrícula como residentes en universidades y colegios públicos.
El Tribunal Federal de Apelaciones del 5º Circuito indicó que grupos de defensa, el Austin Community College (ACC) y un estudiante no podían incorporarse al caso para defender la Ley Dream de Texas porque la ley federal prohíbe que los estados otorguen a estudiantes indocumentados un beneficio de matrícula basado en la residencia, a menos que el mismo beneficio esté disponible para todos los ciudadanos de Estados Unidos, sin importar dónde vivan.
La ley permitía que los estudiantes que se graduaran de una preparatoria de Texas u obtuvieran un diploma equivalente en el estado, vivieran en Texas y se comprometieran a solicitar la residencia permanente cuando fueran elegibles pagaran matrícula como residentes, incluso si no tenían estatus migratorio legal.
El gobernador Greg Abbott celebró el fallo 2-1 en X y afirmó que Texas y el Departamento de Justicia del gobierno de Trump “acaban de asegurar otra gran victoria para el estado de derecho”.
La Unión del Pueblo Entero (LUPE) y el Fondo Mexicano-Estadounidense de Defensa Legal y Educación (MALDEF) calificaron el fallo como una decepción.
“La educación es un derecho humano, sin importar el estatus migratorio o el origen de una persona”, expresó Tania Chavez Camacho, presidenta y directora general de LUPE.
Thomas A. Saenz, presidente y asesor jurídico general de MALDEF, que representa a Students for Affordable Tuition (Estudiantes por una Matrícula Asequible), señaló que la organización buscaría una revisión adicional en un tribunal federal tras consultar con sus clientes.
Saenz sostuvo que la mayoría del panel es “ahora cómplice de una de las mayores travestías jurídicas de la historia reciente”, en referencia al rápido fin de la Ley Dream de Texas después de que la oficina del secretario estatal de justicia, Ken Paxton, y el gobierno de Trump coincidieran en que la ley debía bloquearse.
Austin Community College dijo en un comunicado que “sigue centrado en apoyar a todos los estudiantes y a la comunidad a la que servimos” y que acataría la ley mientras continúa su misión de ofrecer “educación accesible, de alta calidad, y oportunidades para todos”.
Marco Julian Gonzalez, estudiante de negocios de la Universidad de Texas en Austin cuya fraternidad y hermandad femenina aliada respaldaron a los estudiantes en el tribunal, comentó que el fallo fue desalentador.
“Sabemos quiénes son estas personas y sabemos quiénes no son, y cuando tienes a políticos que salen al aire y llaman a nuestros amigos criminales, extranjeros ilegales, nos ofende y eso nos mantuvo motivados para seguir adelante”, señaló Gonzalez.
El juez Jerry E. Smith redactó la opinión mayoritaria del 5º Circuito, a la que se sumó el juez Don Willett. La jueza Irma Carrillo Ramirez discrepó.
Smith fue nombrado por el presidente Ronald Reagan, Willett por el presidente Donald Trump y Ramirez por el presidente Joe Biden.
Antecedentes
Texas fue el primer estado en permitir que ciertos estudiantes indocumentados pagaran matrícula como residentes cuando los legisladores aprobaron la Ley Dream en 2001 con poco debate y un amplio apoyo bipartidista.
La ley, firmada por el exgobernador republicano Rick Perry, permitía que ciertos estudiantes sin estatus legal calificaran si se graduaban de una preparatoria de Texas u obtenían un diploma equivalente aquí, vivían en el estado al menos tres años antes de graduarse y firmaban una declaración jurada en la que afirmaban que solicitarían la residencia permanente tan pronto como fueran elegibles.
Los partidarios afirmaban que Texas se beneficiaba de los alumnos educados en las escuelas de educación básica del estado (K-12) al hacer la universidad más asequible e incorporarlos a la fuerza laboral. Pero a medida que la política republicana cambió en materia migratoria, la ley se convirtió en un blanco.
Tras múltiples intentos fallidos de legisladores estatales por cambiar la ley, abogados del Departamento de Justicia federal demandaron a Texas el año pasado. La oficina de Paxton aceptó rápidamente que la ley entraba en conflicto con la legislación federal de inmigración y pidió a un juez que la bloqueara. El juez federal de distrito Reed O’Connor aprobó el acuerdo y bloqueó la ley ese mismo día.
Students for Affordable Tuition, La Unión del Pueblo Entero (LUPE), Austin Community College (ACC) y el estudiante Oscar Silva pidieron al tribunal que les permitiera defender ellos mismos la Ley Dream de Texas.
Students for Affordable Tuition es un grupo de estudiantes que afirma haber sido perjudicado por el fallo. La Unión del Pueblo Entero (LUPE) es un grupo defensor de los derechos de los inmigrantes. Solicitaron intervenir junto con Austin Community College y Silva, un estudiante de posgrado de la Universidad del Norte de Texas que calificaba para matrícula como residente bajo la Ley Dream de Texas.
O’Connor, nombrado por el presidente George W. Bush y con sede en la división de Wichita Falls del Distrito Norte de Texas, rechazó su solicitud, por lo que apelaron ante el 5º Circuito.
Lo que dicen los estudiantes y los defensores de los inmigrantes
Los grupos de defensa Students for Affordable Tuition y LUPE, Austin Community College y Silva argumentaron que tienen el derecho legal de intervenir. Instaron al tribunal a aplicar un criterio más flexible para la intervención, en lugar de exigir pruebas de que su defensa de la Ley Dream de Texas finalmente tendría éxito.
Students for Affordable Tuition afirmó que lo que está en juego es concreto para sus miembros, quienes “enfrentan aumentos significativos en sus costos de educación superior, poniendo la universidad fuera de su alcance para muchos de ellos, algunos de los cuales ya han pasado años en la universidad y no podrán completar su programa específico”.
“Los habitantes de Texas tienen derecho a un litigio genuino antes de que un tribunal federal invalide su ley aprobada democráticamente”, escribieron los abogados en un escrito legal presentado ante el 5º Circuito.
Thomas Saenz, el abogado principal de Students for Affordable Tuition, también subrayó que los estudiantes afectados no tuvieron el debido proceso por la rapidez con la que se anuló la Ley Dream de Texas.
Saenz declaró ante el 5º Circuito durante los alegatos orales del 4 de junio: “Es importante enfatizar aquí lo extraordinario que es que todo haya ocurrido tan rápido como ocurrió. El tribunal necesita analizar si esta situación extraordinaria violó los derechos al debido proceso de Students for Affordable Tuition y de los otros estudiantes que se beneficiaron o se beneficiarían en el futuro”.
Los grupos consideraban que la Ley Dream de Texas no entraba en conflicto con la ley federal porque la elegibilidad no se basaba únicamente en la residencia. Los estudiantes también debían graduarse de una preparatoria de Texas u obtener un diploma equivalente aquí, vivir en el estado al menos tres años antes de graduarse y firmar una declaración jurada en la que afirmaban que solicitarían la residencia permanente tan pronto como fueran elegibles.
Lo que dice el gobierno federal
Abogados del Departamento de Justicia demandaron a Texas, al afirmar que la Ley Dream de Texas violaba una ley federal de inmigración de 1996. Esa ley federal establece que los estados no pueden otorgar a personas que no están legalmente presentes un beneficio de educación superior a menos que los ciudadanos de Estados Unidos puedan obtener el mismo beneficio, sin importar dónde vivan.
Abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos argumentaron que la Ley Dream de Texas entraba tan claramente en conflicto con la ley federal de inmigración que permitir que otros intervinieran y la defendieran sería inútil.
“Nos opusimos a la intervención… únicamente por el motivo de que es legalmente inútil porque las leyes quedan desplazadas por la normativa federal”, dijo Andrew Marshall Bernie, abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, al tribunal de apelaciones durante los alegatos orales del mes pasado.
En respuesta a las preocupaciones sobre el debido proceso, Bernie sostuvo que la Constitución no exige que los tribunales escuchen a grupos externos cuando se impugna una ley estatal por violar una ley federal. Al final, añadió, los grupos externos sí tuvieron debido proceso porque sus argumentos fueron escuchados por el tribunal de primera instancia y por el 5º Circuito.
Impacto más amplio
La Ley Dream de Texas abrió la educación superior a más de 57.000 estudiantes, dijeron al tribunal los abogados de LUPE, ACC y Silva. El fin de la ley podría costarle a Texas cientos de millones de dólares al año debido a la reducción de salarios, ingresos y gasto de los consumidores, indicaron al tribunal los abogados de LUPE, ACC y Silva. ACC señaló que esperaba pérdida de ingresos, cargas administrativas y efectos negativos en programas y servicios si el fallo se mantiene vigente.
Desde que O’Connor bloqueó la Ley Dream de Texas el año pasado, estudiantes y universidades en todo el estado han enfrentado confusión sobre quién todavía califica para matrícula como residente.
La Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas indicó a las universidades que identificaran y reclasificaran como no residentes a los estudiantes que no están legalmente presentes, pero no aclaró cómo hacerlo. Esa incertidumbre llevó a que al menos a un estudiante con Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, se le cobrara inicialmente matrícula como no residente, informó previamente The Texas Tribune.
Students for Affordable Tuition dijo al 5º Circuito que varias universidades de Texas habían cobrado a beneficiarios de DACA tarifas de no residente, aunque abogados de Texas afirmaron que aún deberían calificar para matrícula como residente.
