CIUDAD DE MÉXICO.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de México avaló el jueves una polémica ley de la industria eléctrica aprobada el año pasado que da ventaja a la generación gubernamental de electricidad sobre las plantas privadas de energía.
Los ministros del alto tribunal analizaron en detalle una acción de inconstitucionalidad interpuesta contra dicha normativa que, según sus detractores, minaba la competitividad en el sector, dañaba el medio ambiente e iba contra acuerdos de libre comercio firmados por México.
Aunque el voto estuvo muy dividido, no se lograron los 8 sufragios necesarios para anular la norma. No obstante, queda pendiente que el tribunal publique el fallo final con el detalle de la votación, que fue muy fragmentada, en las próximas semanas.
La ley señala que la electricidad debe ser comprada primero a las plantas que son de propiedad gubernamental, las cuales se alimentan mayormente de combustibles fósiles como carbón, petróleo y diésel. Si aún hay demanda, agrega, se podrá comprar electricidad a las plantas privadas de energía renovable y gas natural.
Miriam Grunstein, académica asociada del Centro México del James Baker Institute de la Universidad de Rice, aseguró a The Associated Press que el país puede perder “mucha capacidad de inversión, mucha credibilidad” porque tendrá “un sistema eléctrico inoperable” que podría generar una crisis energética en el peor momento, justo cuando el mundo vive momentos muy complicados debido a la guerra entre Rusia y Ucrania.
Los inversionistas, muchos de ellos extranjeros, señalan que la ley viola el nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, así como el compromiso de México para reducir las emisiones de carbono. Aseguran que también crea un monopolio de facto del gobierno, daña a la competencia y obligará a los mexicanos a comprar electricidad más contaminante y más cara.
Nada más entrar en vigor la norma, en marzo de 2021, compañías energéticas privadas empezaron a ampararse para poder seguir operando y muchas consiguieron el aval temporal de los tribunales. Sin embargo, los problemas pueden aumentar para las que no interpusieron amparos.
Grunstein temió que este pueda ser el principio del fin de la libre competencia en el sector energético en México, ya que en estos momentos está en trámite parlamentario una reforma constitucional que va en la misma línea de ley y aspira a cerrar el mercado.
La Corte Suprema tiene pendiente discutir otros recursos contra la ley (dos controversias constitucionales) pero Grunstein consideró que lo más probable es que tras el fallo de este jueves el tribunal vote de la misma forma.
El falló previsiblemente complicará que prospere cualquier arbitraje internacional, ya que los países tienen el derechos soberano a cambiar sus normas, agregó la académica.
