NUEVO LAREDO, TAM .- Un grupo de ciudadanos se manifestó frente a las instalaciones del Ejército Mexicano en Nuevo Laredo, donde denunciaron públicamente presuntos abusos cometidos por personal castrense en distintos puntos de la ciudad, señalando afectaciones a su patrimonio, actos intimidatorios y posibles violaciones a derechos humanos.
La protesta se realizó sobre el Bulevar Colosio, donde los inconformes expusieron que, durante revisiones a vehículos considerados sospechosos, se habrían registrado daños materiales como neumáticos ponchados, cristales quebrados y la desaparición de accesorios, entre ellos baterías, estéreos y herramientas.
Asimismo, los manifestantes señalaron un incidente ocurrido un día antes en un zacatal cercano al fraccionamiento Vista Hermosa, donde —según relataron— personal militar habría provocado un incendio que generó alarma entre residentes ante el riesgo de propagación hacia viviendas. De acuerdo con los vecinos, cámaras de seguridad habrían captado la presencia de unidades oficiales, material que indicaron estar dispuestos a presentar ante las autoridades competentes.
A las denuncias se sumaron testimonios sobre presuntos ingresos a establecimientos sin mandamiento judicial, donde —según los afectados— se habrían registrado agresiones físicas, así como la sustracción de mercancía y equipos de videovigilancia. Uno de los casos mencionados corresponde a un autolavado ubicado en la colonia Viveros, cuyos propietarios reportaron daños y la desaparición de objetos de valor tras la intervención de personal armado.
El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, informó que el organismo acompaña a personas que han presentado denuncias por detenciones, cateos y presuntos actos de violencia durante operativos. Indicó que uno de los casos documentados ocurrió en las inmediaciones del Río Bravo, donde una familia reportó daños a su vehículo tras la intervención de elementos militares.
Los participantes también señalaron haber recibido reportes de trabajadores que presuntamente fueron retenidos durante traslados laborales, así como de residentes que manifestaron temor ante las acciones descritas.
Durante la manifestación, los ciudadanos expresaron que su objetivo es que los hechos sean investigados por instancias competentes, se deslinden responsabilidades y se garantice que las labores de seguridad se desarrollen conforme a la ley. Asimismo, hicieron un llamado a autoridades federales para que se revisen los procedimientos aplicados en los operativos.
De acuerdo con lo expuesto por los manifestantes, algunas denuncias previas habrían sido presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República, sin que hasta el momento —según señalaron— conozcan avances en las investigaciones.
Los inconformes afirmaron que continuarán recurriendo a vías legales y públicas para solicitar la intervención de autoridades del Gobierno de México, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, con el fin de que se revisen los señalamientos y se garantice la protección de la población civil durante las acciones de seguridad.
