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Periodista es amenazada por elementos de la Policía de Acción y Reacción de Coahuila

Gloria Ruiz, cuenta con protección federal por agresiones de la Policía de Coahuila por documentar actos de corrupción en ciudad Acuña; recientemente fueron agredidos sus escoltas fuera de su domicilio

Agencias

Ciudad Acuña, Coah.— Documentar la corrupción de las autoridades municipales, principalmente las policiacas que han conformado un Cartel Delincuencial, mantiene a la periodista Gloria Ruiz en constante riesgo y en dos ocasiones sus escoltas federales han sido agredidos por Policías Municipales y Policías de Acción y Reacción.

Artículo 19, un organismo internacional que defiende la libertad de expresión, exigió a la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila abstenerse de omitir cualquier agresión contra la periodista, así como abrir una investigación interna por el uso arbitrario e ilegal de la fuerza en contra de los escoltas.

La organización internacional ha documentado desde 2018 a la fecha, más de 20 agresiones en contra de la periodista Gloria Ruiz por parte de funcionarios públicos estatales y municipales, principalmente policías, sin que hasta el momento se haya sancionado a alguna persona.

En agosto de 2022, la periodista se desplazaba en una camioneta de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal con los escoltas que le fueron adscritos como parte de las medidas de seguridad por el Mecanismo de Protección para Personas Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

La camioneta con placas de la SSPC fue rodeada por elementos de la Policía de Acción y Reacción en la guardarraya de los estados de Nuevo León y Coahuila.

En una transmisión en vivo a través de su perfil de Facebook, Gloria Ruiz directora de 4noticias.com, documento como pese a estar debidamente identificados sus escoltas federales, los policías coahuilenses les apuntaron con sus armas y pretendían desarmarlos.

“Solo quiero reportarles en vivo que nos tienen retenidos la par en la guardarraya de Nuevo León y Coahuila. Venimos de viaje. Hay elementos de seguridad. Nos tienen retenidos. Cortaron cartucho y nos dijeron que no nos van a dejar cruzar. Que sienten amenazada su vida. Y están. Nos están reteniendo aquí, en la carretera, en la guardarraya. Es la par. Quiero reportar esto porque los elementos no entienden razones” narró la periodista.

Más de dos horas después, los elementos de la PAR de Coahuila “permitieron” el paso de la periodista y los escoltas federales; negándose a identificarse y aunque se denunciaron los hechos no se sancionó a ninguno de los policías.

Artículo 19 documentó la más reciente agresión en contra de la periodista coahuilense, registrada el pasado 25 de febrero.

Elementos de la Policía de Acción y Reacción agredieron a sus escoltas, que estaban fuera de su hogar y a ella la intimidaron. Eran 20 agentes de la PAR que desarmaron a los elementos federales, golpeando a dos de ellos, además trataron de asfixiar a uno de los agentes de la SSPC.

Poco después de los hechos, la periodista se comunicó con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, mismos que son responsables de la gestión de las medidas de protección para Ruiz, en coordinación con la SSPC. Sin embargo, ninguna autoridad acudió al llamado de auxilio. Incluso, ante el intento de presentar una denuncia en la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Acuña esa misma noche, les negaron tal derecho por “no contar con un médico legista” y los obligaron a acudir a la FGR que se encuentra en Piedras Negras.

Este es el segundo incidente en 6 meses con la misma corporación y con el mismo pretexto de que observan un vehículo con hombres armados, a pesar de que el vehículo de los escoltas tiene placas de la SSPC.

La agresión se dio un día después de que Ruiz publicó notas del comisario de seguridad pública de Piedras Negras, Eliud Mercado Ramírez, quien fue grabado en estado inconveniente, golpeando a un policía e insultando a la directora de Seguridad Pública de Acuña, así como de otros eventos y señalamientos por actos ilícitos por parte de dicho funcionario público.

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