CIUDAD DE MÉXICO.-Como por arte de magia, al sindicato petrolero le siguen cayendo recursos por concepto de la Cláusula 251 bis, un pilón millonario creado durante sexenios anteriores para los gastos del gremio y que se suponía había sido eliminado con la actual Administración federal.
La Cláusula fue eliminada del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), se dijo, para generar ahorros a Petróleos Mexicanos (Pemex). Sin embargo, el sindicato reportó en el 2019 gastos por 63.4 millones de pesos de la Cláusula 251 bis, en contraste con los 34.5 millones gastados en el 2018, es decir, un aumento de 83.77 por ciento, de acuerdo con la relación de gastos de los que Grupo REFORMA tiene copia.
De esos 63.4 millones erogados por el gremio petrolero en el 2019, año en que Carlos Romero Deschamps dejó la dirigencia nacional, 44.3 millones fueron pagados a Estrategia Estructural, empresa constructora de viviendas para petroleros afines al también ex Senador del PRI.
En el 2018, en el apogeo de recursos aportados a la Cláusula 251 bis, durante la recta final del sexenio de Enrique Peña Nieto, el sindicato pagó apenas 8.9 millones de pesos a esa misma empresa para trabajos de construcción.
Ese año, el gremio petrolero recibió de Pemex 333 millones 184 mil pesos como pilón millonario, pues fueron adicionales a los 8.3 millones de pesos mensuales que le proporcionó por la Cláusula 251 bis para “apoyos” al sindicato.
Tanto el sindicato como Pemex niegan que exista un traspaso de recursos por esa Cláusula.
No obstante, el STPRM y la empresa, propiedad de Salvador Álvarez Hoth, proyectan actualmente la construcción del Fraccionamiento Las Ceibas, que incluye el Centro Social y Deportivo “Carlos Antonio Romero Deschamps” y que contará con canchas de basquetbol, frontón, campo de softbol, albercas y áreas de esparcimiento y de convivencia familiar.
El proyecto, anunciado el año pasado, será edificado a las afueras de la ciudad de Cárdenas, Tabasco.
En los pagos del 2019 con el dinero de esa Cláusula destaca un gasto por 1.7 millones de pesos para el Grupo Corporativo de Abogados, por “estudios y gestiones”, justo en el periodo en el que Romero y su familia tramitaban amparos para evitar el congelamiento de sus cuentas y una aprehensión.
