COMUNICADO DE PRENSA
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 6 de Octubre del 2025.- Tres mujeres sobrevivientes de tortura por parte de la Policía Estatal y el Ejército Mexicano iniciaron este lunes una huelga de hambre frente a la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo para exigir el cumplimiento de la Recomendación 173VG/2024 emitida hace un año por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas.
Las manifestantes son Kassandra Treviño, Jennifer Campillo y Jessica Ortega, quienes el 5 de septiembre del 2019 fueron torturadas en un domicilio del fraccionamiento Valles de Anáhuac en donde otras ocho personas, (tres mujeres y cinco hombres), fueron ejecutadas extrajudicialmente en un operativo integrado por agentes del Centro de Análisis, Investigación y Estudios de Tamaulipas, (CAIET), la Policía Estatal y el Ejército Mexicano.
Las víctimas de esta masacre fueron identificadas como Severiano Treviño Hernández, Cinoy Esmeralda Briseño Chapa, Luis Fernando Hernández Viesca, Enrique Pérez Chávez, Wilbert Irraestro Pérez, Juana Jetzel Graciano Magaña, José Daniel Saucedo Hernández, y Jennifer Hazel Romero López, residentes en los estados de Tamaulipas, México, Oaxaca y Coahuila.
La tarde del jueves 5 de septiembre del 2019 funcionarios del Gobierno del Estado de Tamaulipas, anunciaron en un comunicado de prensa “…haber abatido a ocho integrantes de una célula criminal durante un supuesto enfrentamiento con autoridades estatales y federales…”.
Sin embargo, esa “versión oficial” fue desvirtuada de inmediato por una investigación sustentada en
testimonios de al menos tres víctimas sobrevivientes (Kassandra, Jennifer y Jessica) y cuatro video grabaciones que fueron obtenidas por personal del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y exhibidas en diferentes medios de comunicación nacionales y extranjeros obligando a las autoridades a reconocer su “Montaje”.
La reacción de las autoridades estatales encabezadas en ese tiempo por el entonces gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el Fiscal General de Justicia Irving Barrios Mojica y el vocero de prensa Francisco Juárez García fue una intensa campaña de criminalización en redes sociales de las víctimas y sus familiares.
Gobernador de Tamaulipas NO responde
a solicitud formal de Audiencia con víctimas
Mediante escritos firmados por familiares de las víctimas fallecidas Severiano Treviño Hernández, Cinoy Esmeralda Briseño Chapa, Luis Fernando Hernández y Jennifer Hazel Romero López entregadas en las oficinas del gobernador de Tamaulipas Américo Villareal Anaya, así como al secretario general de Gobierno Héctor Joel Villegas González con fecha del 18 de septiembre del 2025, hasta el momento ninguno ha respondido esta solicitud formal.
Otros oficios similares demandando audiencias de familiares de las víctimas con ambos funcionarios datan de los años 2024 y 2023 respectivamente.
OTRAS RECOMENDACIONES INCUMPLIDAS POR EL GOBIERNO DE TAMAULIPAS
Existen al menos otras dos recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET) y dirigidas al Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSP) que tampoco han sido cumplidas en materia de reparación integral.
Se trata de la Recomendación 06/2023 de fecha 28 de junio del 2023 por actos violatorios a los derechos humanos de las víctimas Christian Navarro, Pedro Martínez, Carlos León, Misael Peña y Lázaro Moreno (+) víctimas de tortura en el Centro de Ejecución de Sanciones en Altamira.
Así como la Recomendación 04/2022 de fecha 1 de agosto del 2022 también dirigida al Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas por violaciones a los derechos humanos de los periodistas Juan Jesús González Zúñiga, Luis Ignacio Valtierra Hernández y Gabriel Garza Flores (+) detenidos injustamente por la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Cabe mencionar que el domingo 14 de abril del 2019 el periodista Gabriel Garza Flores falleció de un infarto en el interior del Centro de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo luego de que autoridades penitenciaras le negaran su traslado a un hospital de la localidad argumentando falta de personal de seguridad para su custodia.
Imágenes cortesía: Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo
Responsable de la Información: Raymundo Ramos Vázquez.
