HARLINGEN, Texas, EE.UU. (AP) — Activistas por los derechos de los inmigrantes advierten que decenas de miles de niños migrantes que llegaron solos a Estados Unidos podrían perder su representación legal en los tribunales de inmigración y correr un mayor riesgo de ser deportados, mientras el gobierno del presidente Donald Trump permite que venza un contrato con proveedores de servicios jurídicos.
El viernes es el último día de vigencia de un contrato en virtud del cual el gobierno federal paga servicios jurídicos para niños que ingresan a Estados Unidos sin un padre o tutor. El gobierno subcontrata esos servicios a una red de casi 100 grupos jurídicos en todo el país, los cuales brindan servicios a unos 20.000 niños.
El gobierno de Trump no respondió de momento a una solicitud de comentarios sobre por qué deja vencer el contrato. Pero esto ocurre mientras el gobierno redobla sus empeños para cumplir su política de deportaciones masivas, y después de que los niños migrantes se convirtieran en un objetivo de expulsión del país durante el primer año del segundo mandato de Trump.
Dentro del contrato que está a punto de vencer, los grupos jurídicos pueden ingresar a albergues financiados por el gobierno y dar presentaciones a los niños para que conozcan sus derechos legales, así como representarlos directamente mientras atraviesan los procedimientos en los tribunales de inmigración.
Pero, al terminar ese contrato, los proveedores señalan que no está claro qué ocurrirá el lunes ni si podrán visitar a sus clientes en los albergues donde viven.
“No tenemos idea de qué va a pasar con esos niños la próxima semana. No sabemos si van a tener representación jurídica. Hasta ahora, el gobierno no ha identificado quién se hará cargo de esta representación”, señaló Melissa Lopez, directora ejecutiva de Estrella El Paso, en una conferencia de prensa esta semana. Actualmente la organización representa a 243 niños en el oeste de Texas y Nuevo México que no cuentan con acompañante.
Los proveedores dicen que su capacidad para ingresar a los albergues, verificar cómo están sus clientes y dar presentaciones a los recién llegados es una importante medida de supervisión para una población vulnerable. Los proveedores advierten que, sin un abogado que los asista en el tribunal y los ayude a sortear las complejidades de la ley migratoria, será mucho más probable que los menores sean deportados a los países de los que inicialmente huyeron.
“El gobierno trata de eliminar nuestro trabajo en este programa porque sabe que, sin abogados, los niños serán deportados”, manifestó Lopez.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos, responsable de cuidar a los niños migrantes no acompañados mientras están bajo custodia del gobierno y que administra el contrato, no respondió a una solicitud de comentarios el viernes.
En un tribunal de inmigración de Texas, niños juegan con personajes de acción mientras una abogada advierte sobre el futuro
Decenas de niños y adolescentes ingresaron temprano el viernes por la mañana al tribunal de Harlingen para una audiencia ante un juez de inmigración. En el vestíbulo, otros niños que aguardaban sus audiencias jugaban con rompecabezas y personajes de acción, o dibujaban en libros para colorear.
Un niño de 8 años entró a la sala del tribunal sosteniendo un Etch A Sketch —un juguete mecánico para dibujar— mientras se sentaba junto a su abogada.
Eran niños que llegaron a Estados Unidos sin un padre o tutor y ahora sus casos avanzaban en los tribunales de inmigración. Pero Lauren Fisher Flores, abogada del proyecto ProBar de la Asociación Estadounidense de Abogados, que tiene contrato para brindar servicios jurídicos en el suroeste de Texas, le advirtió al tribunal sobre el inminente vencimiento del contrato.
Explicó que, a partir del lunes, los abogados no podrían brindar las sesiones de información jurídica que suelen dar a los niños en los albergues para que conozcan sus derechos, y que los abogados tampoco podrían intervenir y brindar los servicios de “Amigo del Tribunal”, en los que asisten a esos niños, que a veces se presentan en el tribunal sin un abogado. Fisher Flores indicó que la organización desconoce cuál era el plan del gobierno de aquí en adelante.
“Esperamos sinceramente que haya alguien que intervenga la próxima semana”, expresó.
La jueza le agradeció a la abogada y dijo que lamentaba escuchar la noticia.
Los grupos jurídicos ya están despidiendo personal tras meses de no recibir pagos
El fin del contrato llega en un momento en que los proveedores de servicios jurídicos que representan a estos niños dicen que no han recibido pagos desde hace más de un semestre. Las organizaciones sostienen que el gobierno de Trump ha retenido los pagos mientras exige a los proveedores que proporcionen información detallada sobre sus clientes, que, según los proveedores, nunca se les había solicitado antes y que, por razones éticas, no pueden entregar.
“Está claro que tratan de destruir el programa al desgastar la salud financiera de las organizaciones sin fines de lucro. Hemos visto despidos y suspensiones temporales, y veremos mucho más de eso si estas facturas no son liquidadas”, dijo Michael Lukens, director ejecutivo del Amica Center, un organismo especializado en la defensa de los derechos humanos.
Algunos grupos han estado tratando de conseguir financiamiento privado para continuar con su trabajo, mientras que otros han comenzado a despedir personal y cerrar oficinas. ProBar, en el sur de Texas, despidió esta semana al 20% de su personal.
Mid-South Immigration Advocates es un bufete de abogados sin fines de lucro con sede en Memphis, Tennessee, que ayuda a más de 400 menores no acompañados. Su directora jurídica, Sally Joyner, dijo que el gobierno federal le debe a la organización más de 500.000 dólares para reembolsarles su trabajo con los niños. Ya han tenido que despedir a siete empleados desde 2025, y planean efectuar más despidos. Están cerrando sus oficinas físicas en Nashville y Memphis a finales de septiembre y esperan cerrar el bufete por completo pronto.
A medida que su presupuesto se ajusta, dijo que están haciendo todo lo posible para seguir representando a los niños que son sus clientes. Advierte que, sin abogados que los representen, los niños migrantes, incluidos bebés y adolescentes, podrían recibir órdenes de deportación en las próximas semanas.
“Estos son niños que han estado viviendo en nuestras comunidades, yendo a nuestras escuelas, ya sabe, tres, cuatro, cinco años”, señaló Joyner. “Algunos de ellos sólo conocen Estados Unidos y habrán ido a la secundaria, se graduarán de la secundaria justo a tiempo para que el ICE (siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) los envíe a prisión” .
Los niños migrantes que llegan solos a Estados Unidos suelen contar con protecciones especiales
Los niños migrantes que viajan solos por lo general quedan bajo el cuidado del gobierno de Estados Unidos, y existen diversas protecciones legales que se les aplican una vez que están en el país y se encuentran en trámites en el sistema migratorio, incluida la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Trata de 2008.
La ley establece que el gobierno debe facilitar la representación jurídica para los niños sometidos a procedimientos de deportación.
Con algunas excepciones limitadas, exige que los niños sean ubicados en el “entorno menos restrictivo posible”, lo que, por lo general, significa que pueden ser entregados a un patrocinador, tal como un familiar en Estados Unidos, mientras se desarrollan sus procedimientos migratorios.
Los niños pueden solicitar un estatus de protección especial si no pueden regresar a su país de origen debido a abuso o negligencia, y también pueden solicitar asilo.
