AUSTIN, Texas.- Un juez federal bloqueó el miércoles una ley de Texas que durante décadas ha permitido que los estudiantes universitarios sin residencia legal en Estados Unidos tengan acceso a tarifas de matrícula reducidas para residentes del estado, emitiendo rápidamente un fallo a favor de la más reciente labor del gobierno federal contra la inmigración en el país.
Horas después de que el Departamento de Justicia presentó una demanda federal para bloquear la ley de 2001, el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, presentó una moción en apoyo a la demanda y el juez de distrito Reed O’Connor emitió rápidamente un fallo declarando que la ley, tal como se aplica a alguien que no está “legalmente presente en los Estados Unidos… (es) inconstitucional e inválida”.
“Poner fin a esta disposición discriminatoria y antiestadounidense es una gran victoria para Texas”, declaró Paxton.
En 2021, Texas fue el primer estado del país en aprobar una ley que permite que los “dreamers”, o jóvenes adultos sin estatus legal, sean elegibles para la matrícula estatal siempre que cumplan con ciertos criterios de residencia.
Y aunque cerca de otra veintena de estados cuentan con leyes similares, el gobierno federal presentó su demanda contra Texas, donde el gobernador Greg Abbott y los legisladores estatales han apoyado desde hace tiempo los objetivos de la Casa Blanca en materia fronteriza.
La demanda se apegó en gran medida en las recientes órdenes ejecutivas de Trump, que tienen como objetivo detener cualquier ley o regulación estatal o local que el gobierno considere discriminatorias contra los residentes legales.
“En conformidad con la ley federal, las escuelas no pueden proporcionar beneficios a los extranjeros ilegales que no proporcionan a los ciudadanos de Estados Unidos”, señaló la secretaria de Justicia Pam Bondi. “El Departamento de Justicia luchará incansablemente para reivindicar la ley federal y asegurar que los ciudadanos de Estados Unidos no sean tratados como ciudadanos de segunda clase en ninguna parte del país”.
Según la Alliance on Higher Education and Immigration, un grupo no partidista sin fines de lucro integrado por líderes universitarios y enfocado en las políticas de inmigración, hay alrededor de 57.000 estudiantes sin estatus legal inscritos en universidades y colegios de Texas. En total, el estado tiene alrededor de 690.000 estudiantes en sus universidades públicas.
Abbott no comentó de inmediato sobre la demanda, y su personal no respondió de inmediato a correos electrónicos en busca de comentarios.
La demanda fue presentada en la división de Wichita Falls del Distrito Norte de Texas, el cual ha sido elegido frecuentemente por el estado y litigantes conservadores para presentar impugnaciones contra el gobierno federal y abordar cuestiones como la atención médica y los derechos de las personas homosexuales y transgénero.
La ley de Texas se aprobó en principio con el respaldo de una abrumadora mayoría en la Legislatura de Texas y promulgada por el entonces gobernador Rick Perry, un republicano, como una forma de abrir el acceso a la educación superior para los estudiantes sin residencia legal que ya viven en el estado. Los partidarios argumentan que la medida impulsa la economía del estado al crear una fuerza laboral mejor educada y mejor preparada.
“Los ataques que encabeza el gobierno de Trump contra los estudiantes de Texas que buscan una educación universitaria asequible no ayudarán a nadie, sólo nos perjudican a todos”, declaró Luis Figueroa de Every Texan, un grupo de políticas públicas de tendencia izquierdista.
La diferencia en las tarifas de matrícula es sustancial. Por ejemplo, en la Universidad de Texas, campus Austin, un residente del estado pagó alrededor de 11.000 dólares en su matrícula para el año académico 2024-2025, en comparación con cerca de 41.000 dólares que pagaron los estudiantes provenientes de otros estados. En lo referente a gastos de vivienda, suministros y transporte, los costos pueden ser de otros 20.000 dólares, según estimaciones de la escuela.
La ley permitía que los estudiantes sin estatus de residencia legal fueran elegibles para la matrícula estatal si han vivido en Texas por tres años antes de graduarse de la escuela secundaria y durante un año antes de inscribirse en la universidad. También deben firmar una declaración jurada en la que prometen solicitar el estatus de residente legal tan pronto como sea posible.
Pero la medida no tardó en recibir las críticas de conservadores y otros detractores, quienes la consideraron injusta para los residentes legales a medida que los debates en torno a la inmigración ilegal se intensificaban. En las primarias presidenciales republicanas de 2012, Perry terminó por disculparse después de decir que los críticos de la ley “no tenían corazón”.
Los esfuerzos legislativos para derogar la ley de Texas han fracasado en repetidas ocasiones, pero han comenzado a ganar impulso en otros lugares. El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, promulgó a principios de este año un proyecto de ley que derogará la ley de matrícula estatal a partir de julio.
“Terminar con la política de matrícula estatal de Texas es un ataque directo a las aspiraciones educativas de miles de estudiantes que han crecido en nuestras comunidades y llaman a Texas su hogar”, dijo Judith Cruz, subdirectora para la Región de Houston de EdTrust en Texas, que aboga por el acceso a la educación para estudiantes minoritarios y de bajos ingresos .
