Nuevo Laredo, Tam. – Por segundo día consecutivo, familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y uso excesivo de la fuerza, perpetrados por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), se manifestaron frente al Cuartel Militar de la ciudad.
Su demanda es clara: justicia y castigo para el general Miguel Ángel Ramírez Canchola, comandante de la Guarnición de la Plaza, señalado como responsable de ordenar estos delitos contra la población civil.
En la protesta, que se llevó a cabo de manera pacífica, estuvo Raymundo Ramos Vázquez, presidenta del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. En su intervención, Ramos Vázquez hizo un llamado directo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, instando a su intervención para asegurar que el caso no quede en la impunidad. “Necesitamos que la Fiscalía General de la República haga su trabajo, investigue los delitos y lleve a los responsables ante la justicia”, expresó.
Según informes del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, al menos 36 casos de violaciones graves a los derechos humanos han sido documentados en los últimos tres años, entre ellos ejecuciones extrajudiciales y homicidios perpetrados por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.
Ramos Vázquez destacó que la responsabilidad del general Ramírez Canchola, y subrayó la necesidad de una investigación profunda por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para garantizar justicia para las víctimas.
El historial del general Ramírez Canchola está marcado por múltiples acusaciones de crímenes atroces. Uno de los casos más emblemáticos ocurrió el 26 de febrero de 2023, cuando elementos del 16º Regimiento de Caballería Motorizada asesinaron a cinco jóvenes: Gustavo Suárez, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Alejandro Trujillo Rocha y Gustavo Pérez Benítez.
A pesar de que cuatro cabos fueron sentenciados a 40 años y 9 meses de prisión, la responsabilidad de la cadena de mando sigue sin ser esclarecida.
Otros casos de alto impacto incluyen la ejecución de la niña Lidia Iris Fuentes Galván en octubre de 2024, durante un operativo militar en el fraccionamiento Palmares, así como el asesinato del menor Armando Hernández Gallardo, quien fue ultimado mientras trabajaba en un servicar para costear sus estudios. En octubre del mismo año, la enfermera del IMSS, Yuricie Rivera, también fue asesinada en un hecho relacionado con el uso excesivo de la fuerza por parte del Ejército.
El patrón de violencia sistemática parece ser cada vez más evidente. En mayo de 2023, cinco civiles que huían en una camioneta fueron detenidos y fusilados tras chocar contra una barda perimetral. En otro incidente ocurrido en abril de 2023, elementos de la Guardia Nacional abrieron fuego contra una camioneta familiar, matando a Miriam Mariana Flores Tizano, quien estaba embarazada de ocho meses, y a Felipe García, un adulto mayor que recibió un disparo por la espalda.
“Es urgente una reforma en el uso de la fuerza militar y una depuración en las filas de las fuerzas armadas”, advirtió Ramos Vázquez durante la manifestación. Las familias de las víctimas, además, continúan enfrentando amenazas e intimidaciones, mientras que la Fiscalía General de la República muestra lentitud en las investigaciones.
La situación sigue siendo crítica, y la demanda de justicia se extiende más allá de Nuevo Laredo, con un llamado generalizado para poner fin a la impunidad y a la violencia institucionalizada en el país. Mientras tanto, la lucha de las familias continúa en busca de respuestas y castigo para los responsables de las ejecuciones extrajudiciales que han marcado sus vidas.
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