Ciudad de México.- Después de permanecer en una fosa común desde mayo del 2018 a la fecha, los restos humanos de los jóvenes Noe Ignacio Alférez Hernández y Jonathan Organista Ballesteros, este último menor de edad, finalmente serán entregados a sus familiares luego de llegar a un acuerdo con funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR), informó Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
Ambos jóvenes fueron detenidos en febrero del 2018 por agentes de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina en el crucero de Transformación y Avenida de la República en la colonia Infonavit de Nuevo Laredo y al día siguiente sus familiares presentaron una denuncia formal por el delito de desaparición forzada, iniciándose la carpeta de Investigación FED/SDHPDSC/FEIDDF/0000305/2018.
El grupo de familiares de víctimas del fallido Operativo Laguna implementado por la Secretaría de Marina en 2018 que comprendía los estados fronterizos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas inicialmente se reunieron con oficiales de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México exponiendo abusos de autoridad de los Agentes del Ministerio Público de la Federación, Antonio Saucedo Cruz y Lester Bautista, quienes desde el inicio de sus investigaciones desviaron la responsabilidad de los hechos a grupos delictivos que operan en esta región para proteger al personal de la Secretaría de Marina que participaron en desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de hombres, mujeres y niños.
Ramos informó que posteriormente el pasado viernes 28 de junio se reunieron en la Ciudad de México familiares de personas víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales con funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR), Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), con el acompañamiento de personal del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y en esta reunión se acordó que la próxima semana serán entregados sus restos a sus familiares, quienes ante la indiferencia de las autoridades del Gobierno de México deberán absorber los gastos de traslados a este Municipio, así como los servicios funerarios.
A seis años de registrarse una serie de ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas atribuidas a personal de un grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina, de cuyas denuncias se integraron al menos 34 Carpetas de Investigación en la Fiscalía General de la República, la impunidad va ganando terreno, pues solamente seis marinos se encuentran en prisión, y otros 24 obtuvieron beneficios de criterio para no ser vinculados a proceso o fueron absueltos por jueces federales de Tamaulipas.
Mientras que familiares de víctimas reclamaron a funcionarios de la CNDH que ha tolerado el incumplimiento de la Recomendación VG 36/2020, principalmente en materia de Reparación Integral, por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pues ninguna familia ha recibido la indemnización que les corresponde de acuerdo a la Ley General de Víctimas
En el caso de Jonathan Organista Ballesteros y Noe Ignacio Alférez Hernández, detenidos y desaparecidos por marinos el 18 de febrero del 2018, sus familiares están analizando la posibilidad de presentar denuncias penales en contra de Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y de la Fiscalía General de la República por haberles ocultado el hallazgo de los restos humanos de ambas víctimas y luego por enviarlos a una fosa común en el Panteón Municipal II de Nuevo Laredo en calidad de no identificados.
Ambos jóvenes son parte de las 47 víctimas documentadas por este Comité y avaladas en las 34 carpetas de Investigación de la FGR. La Recomendación de la CNDH solamente incluyó a 27 personas, dejando en el olvido a otras veinte víctimas y negándose a abrir nuevas quejas hasta la fecha.
