BUENOS AIRES.- La nueva ley del aborto de Argentina entró en vigor este domingo bajo la atenta mirada de activistas y autoridades, quienes se han comprometido a garantizar su aplicación a pesar del rechazo manifestado entre sectores conservadores.
“Empieza otro trabajo enorme por delante”, indicó la Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta, al reconocer días atrás que una vez que la norma estuviera vigente el Gobierno deberá sortear los obstáculos que se presenten de cara a su aplicación.
Por otro lado, la Ministra adelantó que estará a disposición un número telefónico para que quienes “no puedan acceder al aborto se comuniquen”.
La nueva ley fue aprobada por el Senado argentino el 30 de diciembre -luego de que fuera avalada por la Cámara de Diputados- y contempla la posibilidad de interrumpir el embarazo de “toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar”, en el sistema de salud, hasta la semana 14 y dentro de un plazo de máximo 10 días de que el procedimiento sea solicitado.
Más allá de las 14 semanas el proceso está permitido si la gestación fuera producto de una violación o si estuviera en riesgo la vida o la salud de la persona embarazada.
Alcorta afirmó que el Ministerio de Salud del país sudamericano ha realizado una gran compra del abortivo misoprostol “para repartir en todas las provincias”. Asimismo, la funcionaria reconoció que se esperaban demandas judiciales provenientes de sectores antiabortistas, sobre todo en demarcaciones de mayoría conservadora, así como la renuencia de ciertos actores de salubridad, como los privados, frente a la realización del procedimiento.
La Iglesia Católica argentina, por ejemplo, ha expresado su rechazo a la norma. El Consorcio de Médicos Católicos, la Corporación de Abogados Católicos y la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia son otras de las organizaciones que instaron a resistir la nueva ley, bajo el argumento de que “la Constitución y los Tratados Internacionales con rango constitucional protegen la vida del niño desde la concepción”.
Ante esta situación, los mandos de Argentina enunciaron que aquellos centros médicos privados o de seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo, debido al ejercicio del derecho de objeción de conciencia, deberán canalizar a las personas solicitantes a clínicas que sí ofrezcan realizar la práctica.
Igualmente, se estipuló que cualquier funcionario público o autoridad del establecimiento de salud, profesional, efector o personal de salud que dilate injustificadamente, obstaculice o se niegue a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados podrá enfrentar penas de tres meses hasta un año de prisión e inhabilitación especial.
