CIUDAD DE MÉXICO.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declaró al Estado mexicano responsable en el caso de la violación sexual, tortura y muerte de una indígena nahua ocurrido hace casi dos décadas en el que presuntamente participaron militares, y ordenó a las autoridades investigar el hecho y sancionar a los responsables.
Así se determinó en una sentencia dada a conocer el martes la CorteIDH en la que se señala a México como “responsable internacionalmente” por “la violación sexual y graves lesiones” cometidas contra Ernestina Ascencio Rosario, y por la “falta de atención médica” que causó la muerte de la mujer de 73 años en febrero de 2007.
La decisión se da a un año de otra sentencia que emitió el tribunal regional contra México por la desaparición forzada en 1999 del indígena maya ch’ol Antonio González Méndez.
La CorteIDH dijo que México “incumplió el deber de investigar con debida diligencia reforzada estos hechos y garantizar el acceso a la justicia” a los hijos de Ascencio Rosario.
Durante una audiencia del tribunal regional que se realizó a inicios de año en San José de Costa Rica, una delegación del gobierno mexicano acordó continuar con la investigación para determinar las causas que llevaron a la muerte de Ascencio Rosario.
En un comunicado emitido el martes por la tarde, México “aceptó su responsabilidad por la vulneración de los derechos humanos a la vida y a la salud” de la víctima, así como “los derechos a las garantías judiciales” tanto de ella como de sus familiares y se comprometió a analizar “con todo detenimiento los razonamientos y elementos de convicción contenidos en la sentencia y actuar como corresponda”.
Un crimen sin responsables
Según constató el tribunal, la mujer que vivía en un poblado de la Sierra Zongolica, en el estado oriental de Veracruz, “fue violada por miembros del Ejército mexicano” el 25 de febrero de 2007, señala un comunicado de la CorteIDH.
El hecho ocurrió un día después que militares instalaron un campamento cerca de la vivienda de la mujer como parte de la estrategia de lucha contra el narcotráfico que activó en 2006 el presidente de ese entonces Felipe Calderón (2006-2012).
La Corte determinó que la violación sexual que sufrió la mujer constituyó un “acto de tortura, toda vez que fue intencional, causó severos sufrimientos físicos y mentales y se cometió con el propósito de intimidar, degradar, humillar y controlar a la víctima”.
Luego de diez horas de traslado Ascencio Rosario fue ingresada a un hospital de Veracruz donde no había ningún interprete del náhuatl que facilitara la comunicación con la víctima. La mujer falleció el 26 de febrero del 2007 antes de que pudiera ser intervenida quirúrgicamente.
En la búsqueda de justicia por el caso, los familiares de Ascencio Rosario “enfrentaron barreras” por su condición de personas indígenas monolingües, y fueron objeto de “presiones e intimidaciones”, reconoció el tribunal, y agregó que la investigación ministerial “no cumplió con el estándar de debida diligencia reforzada”.
Ante esos hechos, la CorteIDH ordenó al gobierno mexicano investigar de nuevo el caso para identificar, juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los hechos, brindar tratamiento médico y psicológico a los familiares, y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
Otro caso contra militares
En coincidencia con esa decisión, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México reconoció las violaciones graves a los derechos humanos relacionados con el asesinato de las niñas Leidy y Alexa, de 7 y 11 años, presuntamente cometidas en mayo pasado por elementos del ejército mexicano en el estado occidental de Sinaloa, informó el martes la organización local Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Como parte de sus recomendaciones, la CNDH pidió medidas reparatorias y una disculpa de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El Centro Prodh dijo en un comunicado que este caso refleja los “riesgos” del despliegue militar en tareas de seguridad pública que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum decidió mantener siguiendo los pasos de su antecesor y padre político, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
Por el asesinato de las dos niñas fueron detenidos seis militares. El secretario de Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo, declaró el mes pasado que la fiscalía federal investiga el caso junto con los fiscales militares.
