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Corren a Ejército de pueblo que tenía drogas ¡y tigres!

La Fiscalía del Estado informó que fueron asegurados 28 kilos de hierba seca con características de mariguana.

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Tres días antes de que pobladores de Quechultenango retuvieran y expulsaran a 50 elementos del Ejército y a 20 agentes ministeriales estatales, la Fiscalía de Guerrero confiscó armas, droga y tres tigres de Bengala en ese municipio.

El operativo se realizó en la cabecera municipal y en la comunidad de Tlanicuilulco, considerada como el bastión del grupo criminal conocido como ‘Los Ardillos’, que tiene bajo su control varios municipios de la zona Centro y Montaña Baja de Guerrero.

La Fiscalía del Estado informó que fueron asegurados 28 kilos de hierba seca con características de mariguana.

En Tlanicuilulco se decomisaron siete vehículos con reporte de robo así como cinco inmuebles donde se encontraron autopartes.

También fue detenida una persona y se decomisó un arma de uso exclusivo del Ejército.

De acuerdo con fuentes con conocimiento de cómo operan estos grupos criminales, los tigres son utilizados para que devoren a sus víctimas.

El operativo, la tarde del miércoles, provocó que unos 500 pobladores retuvieran durante 5 horas en Quechultenango a los militares a quienes acusaron de realizar una serie de abusos contra ellos.

Tras la retención de los elementos, Enrique Martínez López, comandante de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo, y Evelio Gómez, Secretario de Seguridad Pública del Estado, firmaron una minuta en donde se comprometieron a dejar en libertad al detenido.

Las autoridades también accedieron a que en futuros operativos en esa zona, el Ejército y la Guardia Nacional sean acompañados por policías municipales y comunitarios.

E imponen ‘Ardillos’ su ley

Desde hace más de diez años el grupo delictivo de “Los Ardillos” es ley en Quechultenango y otros municipios de la región centro y Montaña Baja de Guerrero.

La Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República (FGR) señalan que los principales dirigentes de esta organización son los hermanos Celso e Iván Jiménez Ortega, quienes son identificados como benefactores sociales en las poblaciones donde mantienen su dominio.

De acuerdo con autoridades locales, ‘Los Ardillos’ empezaron a extender su poder durante el Gobierno del perredista Ángel Aguirre Rivero (2011-2014) y actualmente tienen presencia en Tixtla, Mochitlán, Chilapa, Mártir de Cuilapan, Atlixtac, Acatepec, Olinalá, José Joaquín Herrera, Ahuacuotzingo y Zapotitlán Tablas.

Mientras que en Chilpancingo, la organización comparte la plaza con el grupo ‘Los Tlacos de la Sierra’, aunque desde septiembre de 2021 se han registrado varios enfrentamientos entre ambas organizaciones.

Uno de los episodios más violentos en su historia criminal, se registró en julio de 2014, cuando ‘Los Ardillos’ se desplegaron por Chilapa, a donde ingresaron enfrentándose contra sus rivales ‘Los Rojos’, que dirigía Zenén Nava Sánchez, alías ‘El Chaparro’, detenido en agosto de 2019 y recluido en el penal de Acapulco.

Diez meses después, durante el Gobierno interino de Rogelio Ortega, supuestos policías comunitarios, vinculados al grupo criminal, tomaron las calles de ese municipio por cinco días para detener a Nava.

En esa incursión 35 personas fueron desaparecidas, afirmó José Díaz Navarro, presidente del colectivo de familiares de desaparecidos y asesinados en Chilapa, Siempre Vivos.

Díaz, quien tiene medidas cautelares tras ser amenazado, denunció ante la FGR y la Fiscalía estatal a “Los Ardillos” por haber perpetrado el secuestro y asesinato de sus hermanos Hugo y Alejandrino Díaz Navarro en noviembre de 2014.

Sin embargo, señaló que sus denuncias sólo han quedado en el papel porque las autoridades no han hecho nada.

Ante ello, el activista enfrentó otro de los fenómenos que se han vuelto frecuentes en la entidad a causa de la violencia: el desplazamiento forzado.

Y ofreció AMLO amnistía ahí

En diciembre de 2017, cuando Andrés Manuel López Obrador encabezó un acto como aspirante a la Presidencia de la República en Quechultenango, Guerrero, propuso como una de sus prioridades de Gobierno una ley de amnistía a integrantes de organizaciones del crimen organizado.

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