La iniciativa generó preocupación entre especialistas, activistas y el sector empresarial que han advertido que la reforma debilitará la democracia y limitará las acciones para combatir la corrupción, vigilar la competencia y el diseño de políticas públicas.
Con 332 votos a favor y 119 en contra, el partido gobernante Morena y sus fuerzas aliadas aprobaron el cambio de trece artículos de la constitución. La reforma pasará al Senado para su aprobación final.
Contempla la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH).
La extinción de los órganos autónomos se concretará luego de que se aprueben las leyes secundarias. El Congreso federal deberá ajustar las leyes en un plazo de 90 días y las legislaturas estatales tendrán 90 días adicionales para armonizar los cambios.
En agosto, relatores especiales de la ONU sobre el derecho a la privacidad y la promoción, y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, enviaron una carta al gobierno mexicano en la que manifestaron su inquietud por la supresión del INAI y reconocieron que esa acción “podría debilitar la rendición de cuentas”.
Asimismo, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) expresó en un comunicado que, aunque en teoría se preservarán las tareas que cumplían los siete organismos autónomos, trasladándolas a otras dependencias, “es necesario que la nueva estructura administrativa garantice la autonomía de las decisiones” y que sean “independientes de la agenda e intereses del Poder Ejecutivo”.