SAO PAULO.— Jonathan Schmidt llegó al cuartel general de la policía federal en el centro de Río de Janeiro con una bolsa de viaje en la que llevaba una pistola dorada y siete rifles, uno de los cuales asomaba por la cremallera.
‘Estoy enamorado de las armas’, dijo Schmidt. ‘Tendría más de 2.000 si el gobierno me lo permitiese’.
Las armas de Schmidt ya estaban registradas en el ejército, como exige la ley a los tiradores deportivos como él, pero los expertos han cuestionado la fiabilidad de la base de datos y señalaron que una supervisión poco rigurosa ha permitido que esas armas caigan en manos de delincuentes. Schmidt inscribió sus armas en el registro policial el miércoles para cumplir con la iniciativa del nuevo presidente de izquierdas de Brasil.
En sus cuatro años en el poder, el expresidente Jair Bolsonaro trató de convertir un país con pocas armas en uno en el que tener una en propiedad y la falta de regulación significaran libertad personal. Ahora, su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, ha tomado medidas para deshacer esas políticas proarmas, y eso comienza por pedir a los propietarios que las registren en la policía. Tras la resistencia inicial, han empezado a verse algunos avances.
En la última campaña de control de armas en el país, en 2003, se invitó a los brasileños a entregar sus armas a cambio de un pago simbólico del estado. La participación en la iniciativa fue muy elevada.
A ojos del derechista Bolsonaro, sin embargo, el estatuto de desarme fue un error histórico. Haciéndose eco de aspectos del conservadurismo estadounidense, fue el primer candidato presidencial brasileño en hacer campaña en favor de las armas, alegando que los ‘buenos ciudadanos’ tienen derecho a tenerlas para proteger sus familias y sus propiedades. Modificó las normas sobre la cantidad de munición que se puede poseer y el acceso a armas de calibre restringido, como los subfusiles. Y afirmó repetidamente que ‘un pueblo armado nunca será esclavizado’.
El Instituto Sou da Paz, una organización no gubernamental que monitorea la seguridad pública, estima que con Bolsonaro el número de armas en manos de civiles vasi se triplicó hasta los 2,2 millones en un país de 214 millones de habitantes. Sigue estando muy por debajo de Estados Unidos y Brasil no contempla el derecho constitucional a portar armas.
‘Tuvimos un fuerte crecimiento en el acceso a las armas de fuego, incluyendo a las de uso restringido’, afirmó Michele dos Ramos, que encabeza el grupo de trabajo encargado de la política de armas en el Ministerio de Justicia, a The Associated Press por teléfono. ‘Para redactar cualquier directriz para reestructurar las políticas y normativas sobre armas y municiones, es importante tener un diagnóstico de la situación de esas armas’.
En su primer día en el cargo, Lula promulgó un decreto que exigía a los propietarios de armas que las registraran en la policía federal, y el plazo original se demoró hasta el 3 de mayo. En la comisaría de Río, los agentes han registrado armas pertenecientes a hasta 50 personas por día. Pero son cautelosos.
‘Había mucha preocupación, fundamentalmente al principio, cuando llegaban aquí. Creían que le íbamos a confiscar las armas’, indicó Marcelo Daemon, jefe del departamento de la policía de Río que supervisa el control de las armas, en una entrevista en su oficina. ‘En redes sociales circularon muchas noticias falsas y la gente venía con miedo’.
Algunos políticos contribuyeron al recelo generalizado. El 17 de marzo, la legisladora federal Julia Zanatta compartió una foto en la que aparecía con una ametralladora, vestida con una camisera con la frase ‘COME AND TAKE IT’ (‘Ven y tómala’) y una imagen de la mano de Lula atravesada por tres agujeros de bala. Paulo Bilynskyj, legislador y exjefe de policía de Sao Paulo, compartió las instrucciones a seguir en caso de incautación de armas.
‘Tenemos un país más armado, una cultura de las armas más fuerte, más representes centrados en la agenda proarmas’, dijo Carolina Ricardo, directora ejecutiva del Instituto Sou da Paz, agregando que el Congreso será la ‘espina en el costado’ de los grupos que presionan por un control de las armas más estricto. El llamo ‘grupo de las balas’, formado por legisladores proarmas, ganó decenas de nuevos escaños en los comicios del año pasado.
Antes del registro iniciado por el gobierno de Lula, el ejército recopilaba y retenía los datos sobre las armas de propietarios deportivos, coleccionistas y cazadores, conocidos como CACs. Bolsonaro eliminó el requisito de que los registrados pasaran por el arduo proceso de presentar documentación, justificaciones y exámenes psicológicos a la policía federal, que por su parte registra las armas para defensa personal, limitando así el control del departamento sobre el número total de armas en circulación.
Los datos del ejército indican que los CACs compraron 762.365 armas de fuego desde el 7 de mayo de 2019, cuando Bolsonaro hizo modificaciones importantes en el acceso a las armas y las municiones. Pero el Instituto Sou da Paz y el Instituto Igarape Institute, otra organización no gubernamental centrada en la seguridad, estiman que la cifra no refleja cerca de 100.000 armas adicionales, según los datos recopilados a través de solicitudes de libertad de información.
Con la exigencia del registro en persona, el gobierno espera determinar de forma precisa cuántas armas y de qué tipo no están ya en manos de sus propietarios originales y, potencialmente, en manos de grupos criminales.
La mayoría de los defensores de las armas se han mostrado a favor, aunque algunos han animado a sus seguidores a hacerlo a regañadientes. A mediados de marzo, Marcos Pollon, un legislador federal que encabeza un grupo proarmas que se suele comparar con la Asociación Nacional del Rifle estadounidense, calificó la iniciativa gubernamental de ‘absolutamente ilegal e inconstitucional’. Una semana después, publicó un video en YouTube, donde tiene más de 150.000 suscriptores, diciendo que había registrado su arma y que aquellos que no lo hicieran enfrentarían consecuencias.
Pero los próximos pasos del gobierno siguen sin estar claros. El grupo liderado por Ramos debía haber entregado una serie de recomendaciones al gobierno antes del plazo que vencía el 3 de mayo.
Según Ricardo, las futuras acciones gubernamentales podrían incluir nuevas normas que limiten aún más la munición y las armas que puede poseer una persona, y la integración de las bases de datos del ejército y la policía.
El decreto de Lula del 1 de enero establece que las armas que no hayan sido registradas dentro del plazo pueden ser confiscadas. Esto significa que quienes no hayan llevado sus armas a la policía podrían tener problemas legales, incluso si solo se les da el alto de camino al campo de tiro.
Schmidt, el propietario de armas de Río, consideraba que la medida del gobierno era una vergüenza. Pero ahora, apunta, reconoce que es importante que la policía federal conozca todas las armas que poseen los civiles.
‘De esta forma, seguimos en la legalidad’, dijo.
