BUENOS AIRES.- La policía argentina sacó de circulación miles de dosis de la cocaína adulterada que causó la muerte de 23 personas y dejó casi un centenar de hospitalizados, un hecho criminal inédito en la historia del país sudamericano.
La Dirección de Investigaciones de Delitos Federales de Buenos Aires informó el jueves en un comunicado que tras varios allanamientos en distintos municipios se secuestraron más de 15 mil dosis y se detuvo a siete personas, entre ellas al presunto líder de la banda que habría comercializado la droga.
El hombre fue identificado como Joaquín Aquino, alias “El Paisa”, quien según el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, es el “cabecilla de una banda muy importante de San Martín”, un suburbio al norte de la capital. También fue detenido el presunto “cocinero”, como se denomina en la jerga a quien fragmenta la droga en los laboratorios clandestinos. Su identidad no trascendió.
Las autoridades de la provincia habían emitido la víspera un alerta epidemiológica debido a la letalidad de la droga consumida, mientras la policía inició una carrera contrarreloj para dar con las dosis en circulación.
La fiscalía de San Martín, que tiene a su cargo la investigación judicial, informó que la cifra de fallecidos aumentó a 23 el jueves por la tarde.
Todavía no se dan a conocer los resultados toxicológicos para determinar la sustancia con la que se adulteró la cocaína, pero todo indica que se trataría de opioides, derivados sintéticos del opio.
“Este fenómeno tiene que ver con que se mezcla la cocaína con otras sustancias. No podemos todavía determinar cuál es el componente, pero indirectamente sabemos que es un opioide porque se aplica el antídoto y (los pacientes) reaccionan”, explicó Berni en la rueda de prensa en el hospital público Bocalandro, donde fueron asistidos muchos de los consumidores de la droga adulterada.
El antídoto al que hizo mención el funcionario es naloxona, que fue distribuido a los distintos centros médicos que estaban recibiendo a los pacientes intoxicados y que de acuerdo al ministro de Salud provincial Nicolás Kreplak “permitió salvar decenas de vidas”.
Los investigadores buscan determinar si la adulteración de la droga fue un error involuntario o se trata de un ajuste de cuentas entre bandas de narcos.
Nunca en la historia criminal de Argentina se había dado una tragedia de esta dimensión, repitieron investigadores y funcionarios, que coincidieron en la gravedad del consumo de drogas en los sectores más vulnerables de la población.
“Los argentinos no podemos dejar pasar esta situación para empezar a entender el fenómeno por un lado del narcotráfico y por el otro el de la adicción, que muchas veces pasan desapercibidos, que muchas veces se esconde debajo de la alfombra, pero que es necesario visibilizarlo para abordarlo de una manera más eficiente”, advirtió Berni.
Según el ministro se comercializan “250.000 dosis de cocaína” al día en la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país.
La cocaína y la pasta de coca de la que se elabora llegan a la Argentina desde sus vecinos andinos. La primera es más pura y más cara, mientras que la segunda, que es más comúnmente consumida por algunos de los pobres de Argentina, incluye residuos del procesamiento inicial.
Daniel Ramírez habla con un reportero después de salir del hospital donde fue tratado tras consumir cocaína adulterada, en Buenos Aires, Argentina, el jueves 3 de febrero de 2022. Según las autoridades locales, 20 personas han muerto y decenas se han enfermado gravemente tras consumir cocaína adulterada. La policía dijo el jueves que la cocaína se vendía en el barrio “Puerta 8”, un suburbio al norte de Buenos Aires. [AP Foto/Rodrigo Abd]
Aldo Saracco, presidente de la Asociación de Toxicología de Argentina, dijo al canal de televisión local Todo Noticias que no se habían presenciado intoxicaciones por opioides sintéticos en Argentina, a diferencia de Europa y Estados Unidos. “Son muy tóxicos a baja dosis. Eso lo hace rentable. Si alguien lo introdujo en la cocaína para generar esto parece difícil, va a embarrar la confianza de consumidores. Parece más un error”, opinó el experto. “Con tres miligramos ya estamos hablando de una cantidad peligrosa”.
La mayoría de los fallecidos y hospitalizados -el último reporte daba cuenta de más de 80, entre ellos una veintena con asistencia respiratoria- son jóvenes de barriadas pobres de distintos municipios del conurbano en un país con más del 50% de los niños en la pobreza.
Allan Santillán, de 19 años, fumó la droga el martes y se fue a dormir. Tras amanecer con un malestar similar al COVID fue llevado por su madre enfermera al hospital Bocalandro, donde los médicos lograron asistirlo a tiempo.
“Me fumé eso (la cocaína), me tomé la pastilla y me acosté a dormir. Hoy a la mañana me levanté con el hígado hecho mierda, con vómitos, dolores de panza. Me dolía mucho el cuerpo como el COVID”, relató a The Associated Press tras recibir el alta.
A su lado, su madre Natalia lamentó que “muchos jóvenes no la están pasando bien. Muchos chicos muertos, es todo triste. Mi hijo lo cuenta, me pongo en el lugar de mamá y es feo. Pero tienen que hacer algo urgente, es todo muy triste”.
La Iglesia Católica Argentina manifestó a través del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Oscar Vicente Ojea, que “ver el modo como han fallecido estas personas nos cuestiona profundamente sobre cómo se esta viviendo el grave problema de las adicciones” y vinculó el caso “con problemas más profundos de nuestra sociedad: falta de horizontes humanos y laborales, profundas crisis familiares, el déficit enorme de nuestra educación, la profunda soledad y la necesidad de afecto”
La tragedia también reavivó el debate sobre la legalización de la tenencia de drogas para consumo personal.
“Hechos como éste ocurren porque las drogas son ilegales y no existen controles más allá de los que hacen los usuarios en contextos de clandestinidad”, advirtió el Centro de Estudios Legales y Sociales. “Es necesario cambiar el abordaje estatal sobre las situaciones de consumo. Si bien el prohibicionismo rige en casi todo el mundo, hace varios años surgieron modelos alternativos que abordan los consumos desde una perspectiva de derechos apartando al sistema penal”.
