CIUDAD DE MÉXICO. — El Senado avaló pasada la medianoche del martes recortes financieros al Poder Judicial, previamente aprobados por la Cámara de Diputados, pese a las intensas protestas de los trabajadores del sector, quienes consideran que los cambios que promueve el gobierno van en contra de sus derechos laborales, la independencia de los tribunales y el buen funcionamiento de la judicatura.
La extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, que tienen aproximadamente unos 800 millones de dólares, fue aprobada gracias a la mayoría de Morena —el partido del presidente— y sus socios, con el argumento de que solo financiaban corrupción y privilegios.
La polémica medida salió adelante pese a discrepancias en el seno oficialista. Quien fue la primera secretaria de Gobernación del presidente Andrés Manuel López Obrador, Olga Sánchez Cordero, votó en contra para respaldar así a todos los trabajadores que, según dijo, se verían afectados. Antes de llegar al gobierno, Sánchez Cordero fue magistrada en la Corte Suprema.
A Morena tampoco le importaron los anuncios de acciones judiciales lanzados por sus críticos. La senadora Xóchitl Gálvez, candidata de los principales grupos de oposición a las elecciones presidenciales de 2024, adelantó que se presentarían recursos por considerar la medida inconstitucional.
Los trabajadores se manifestaron el martes en la puerta del Senado después de días de múltiples protestas en todo el país y justo cuando culminaba un paro de labores de cuatro jornadas. Insistieron que lo que está en juego no son privilegios sino derechos y por eso el líder sindical Jesús Gilberto González Pimentel, aseguró que todos se sentían “agredidos” por la acción y que, como sindicato, darían acompañamiento a los amparos colectivos que se presentaran.
La confrontación entre López Obrador y el Poder Judicial no es nueva, pero no deja de crecer.
La justicia mexicana tiene problemas desde hace años y es lenta. La ONU ha denunciado altos índices de impunidad en el país, y, además, en ciertas regiones, muchos jueces viven amenazados o han sido sobornados por el crimen organizado.
El presidente siempre lo ha considerado un sector marcado por la corrupción y lleno de privilegios, pero el hecho de que algunas de las grandes reformas de esta administración —de las leyes energéticas a la creación de la Guardia Nacional— hayan sido cuestionadas en los tribunales, hizo incrementar sus arremetidas contra los magistrados y sobre todo contra la Suprema Corte.
López Obrador incluso ha llegado a apostar por que los jueces del máximo tribunal fueran elegidos en elecciones populares. Además, considera que sus miembros son parte de lo que llama la antigua “mafia del poder”.
El cruce de críticas, acusaciones e incluso insultos ha ido en aumento a lo largo de su gobierno, en particular desde el cambio en la presidencia de la Suprema Corte, que hasta finales de 2022 estaba liderada por un magistrado más afín al gobierno.
Este tribunal ha señalado que suprimir los fideicomisos afectará, entre otros temas, a las pensiones o las prestaciones médicas de muchos de los 55.000 trabajadores del sector, el 60% de los cuales es personal operativo. Aseguró también que si hay reducción de fondos se verá afectado el trabajo de los tribunales y por tanto el acceso a la justicia de todos los mexicanos.
Además del fin de los fideicomisos, el presupuesto general para 2024 presentado por el gobierno también contempla recortes para la judicatura.
