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Admiten demanda de Tamaulipas contra decreto Nahle

El Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, concedió además una suspensión para congelar por completo dicha Política

El acuerdo de la Sener establece diversas restricciones para el uso y despacho de energías renovables. [Agencia Reforma]
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia admitió hoy la controversia constitucional del Estado de Tamaulipas que impugna la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), publicada el 15 de mayo por la Secretaria de Energía, Rocío Nahle.

El Ministro Luis María Aguilar concedió además una suspensión para congelar por completo dicha Política, idéntica a la que otorgó el 29 de junio en una controversia promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Tamaulipas es el único estado que acudió a la Corte por este tema, y sus argumentos no necesariamente son iguales a los de Cofece, que alega una invasión a su esfera de atribuciones como órgano regulador en materia de competencia y libre concurrencia.

De resultar fundada, la controversia de Cofece invalidaría por completo la Política de Sener, mientras que la demanda de Tamaulipas, solo tendría efectos en el territorio de esa entidad.

Desde mayo, el Gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca advirtió que impugnaría el acuerdo de Nahle.

“Gracias a este tipo de inversiones, hoy Tamaulipas es el estado energético por excelencia en México. Es de los estados de mayor producción en energías limpias. Con inversiones como éstas por supuesto que fomentamos el desarrollo de nuestro estado y evitamos más contaminación”, señaló.

“Pero ahora resulta que el Gobierno Federal, con una determinación acordada desde el centro del País, quiere poner fin a desarrollos como estos. Con este tipo de determinaciones, se afecta el progreso de nuestro estado”, agregó el Mandatario.

La Política de Confiabilidad sujeta a juicio, establece que los permisos de interconexión que soliciten generadores de energía solar y eólica pueden ser rechazados si se considera que las redes eléctricas están saturadas o no tienen suficiente generación firme para darles respaldo.

Cámaras empresariales acusaron que el decreto era un ataque frontal a la certeza jurídica para las inversiones, además de que favorece a la Comisión Federal de Electricidad y perjudica a los consumidores mexicanos.

El trámite de las controversias para que el Pleno de la Corte resuelva sobre la legalidad de la Política de Confiabilidad puede tomar más de un año, aunque el Ejecutivo Federal puede solicitar trámite prioritario, que de ser aprobado, reduciría a unos meses el tiempo para que se dicte sentencia de fondo.

Las suspensiones dictadas por el Ministro Aguilar se suman a por lo menos 40 que han sido concedidas por los dos jueces federales especializados en Competencia Económica, como parte de amparos promovidos por empresas generadoras de energías renovables.

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