CARACAS (AP) — La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó el viernes que han continuado las liberaciones de presos venezolanos y extranjeros detenidos bajo el mandato del depuesto presidente Nicolás Maduro, y anunció que le pedirá al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos verificar las listas de excarcelados para poner fin a las discrepancias existentes en las cifras.
“Al día de hoy (viernes) ya han sido excarcelados 626 personas”, aseguró Rodríguez durante la instalación del llamado Programa para la Convivencia y la Paz. El gobierno dice que se trata de una iniciativa que busca consolidar la estabilidad del país sudamericano tras la captura de Maduro, efectuada por soldados estadounidenses el 3 de enero.
Rodríguez indicó que “hay sectores que persisten en manipular y maniobrar con cifras a través de la mentira”.
En ese sentido, la mandataria encargada comentó que el lunes tendrá “una llamada telefónica con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, y ahí le voy a pedir que a través de su oficina se verifiquen las listas de excarcelados”.
Después de la operación militar estadounidense, el gobierno de Rodríguez ofreció la liberación de “un número importante” de encarcelados como una señal, dijo, para consolidar la paz. Sin embargo, el proceso enfrenta críticas de familiares y organizaciones civiles por falta de celeridad e información de las excarcelaciones.
Según la organización civil Foro Penal, que monitorea la situación de los presos en Venezuela, hasta el martes 151 personas habían sido excarceladas y 777 permanecen detenidas por razones políticas.
El gobierno niega que existan “presos políticos”, y acusa a los detenidos de conspirar para desestabilizarlo.
Las autoridades no han dado a conocer el nombre ni el número de presos que tienen pensado liberar. Ante ello, grupos defensores de los derechos humanos buscan pistas e información, en medio de la angustiosa espera de sus familiares, muchos de ellos a las puertas de las cárceles.
“Realmente nosotros quisiéramos que eso se diera (la verificación por la oficina del Alto Comisionado)”, dijo Aurora Silva de Superlano, esposa del exlegislador Freddy Superlano, que figura entre los miembros más destacados de la oposición que fueron detenidos tras las elecciones presidenciales de 2024, y sigue en prisión.
“Sé que la oficina está al tanto de la lista real de los presos políticos en nuestro país en la actualidad y de las excarcelaciones”, acotó la esposa del exdiputado a las afueras de El Rodeo, prisión ubicada en el estado central de Miranda, a unos 30 kilómetros (18 millas) de Caracas, que ha estado bajo la mira de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
La presidenta encargada “habla de un número de más de 600 excarcelaciones. Sin embargo, sabemos que ellos están tomando en cuenta las liberaciones de diciembre”, destacó la esposa del exdiputado, en alusión a las 160 liberaciones registradas a finales del año pasado, que incluyeron al menos a 71 personas que habían sido arrestadas en relación con las polémicas elecciones de 2024.
Rodríguez hizo sus comentarios más de siete meses después que la Asamblea Nacional, con abrumadora mayoría oficialista, aprobó declarar persona non grata a Türk y a todos los funcionarios que lo acompañan, al considerar que no defienden los derechos humanos de los migrantes venezolanos en Estados Unidos y en su momento en El Salvador.
Los legisladores solicitaron al entonces gobierno de Maduro que no recurriera a esa oficina mientras Türk estuviese a la cabeza. En años recientes, la relación entre ese gobierno y dicha oficina de Naciones Unidas se deterioró.
La oficina de la ONU en Caracas fue cerrada en febrero del 2024, casi cinco años después de su apertura, en medio de preocupaciones de que el gobierno estaba reprimiendo a oponentes reales o percibidos meses antes de las pasadas elecciones presidenciales. En esos comicios, el organismo electoral —de mayoría oficialista— declaró ganador a Maduro, un resultado que fue duramente cuestionado por la oposición, que se adjudicó la victoria.
En diciembre de 2024, la oficina de la ONU en Venezuela reanudó sus operaciones, meses después de que el gobierno venezolano expulsara a su personal, acusándolo de ayudar a golpistas y grupos terroristas.
En mayo pasado, Türk renovó su denuncia, afirmando que, desde mediados de 2024, su oficina documentó una serie de violaciones a los derechos humanos, entre las que destacaban “detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas”, particularmente en el contexto electoral en Venezuela.
Türk también instó entonces a Estados Unidos a detener las deportaciones de venezolanos que puedan correr riesgos al regresar a su país.
