CIUDAD DE MÉXICO.- En una carta abierta, integrantes del Sistema de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) externaron su indignación y repudio a la venta de niñas en la zona de La Montaña de Guerrero y demandaron que se instale una comisión de emergencia que impulse acciones para detener esta práctica.
“La ‘venta’ de niñas debe terminar ya”, se titula la misiva dirigida a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos; Héctor Astudillo, Gobernador de Guerrero; y a las candidatas y candidatos a la Gubernatura de la entidad.
Grupo REFORMA publicó que en La Montaña de Guerrero según oriundos por “usos y costumbres”, se paga por niñas a partir de los 9 años desde 40 mil hasta 200 mil pesos o, incluso, pagan con ganado o cerveza, práctica sobre la que autoridades permanecen apáticas.
Para los miembros de SIPINNA, entre los que se encuentran representantes de sociedad civil en el Sistema Nacional, secretarias y secretarios ejecutivos en los estados, y miembros del Consejo Consultivo, esto implica una grave violación de derechos humanos.
“Esta práctica intolerable constituye una gravísima violación a los derechos humanos de la niñas que lo sufren, en contra de la más elemental de las condiciones de vida que es el derecho a la libertad y a la autodeterminación, a la integridad física y al desarrollo armónico de sus potencialidades desde el principio, con el agravante de sus implicaciones como trata, violencia sexual y atentado al derecho a la salud, y diametralmente contrario al principio de interés superior de la niñez -mandatado en la Constitución y en las convenciones internacionales de las que México hace parte-“, expusieron.
Este complejo problema, dijeron, requiere de un enfoque transversal a los órdenes de Gobierno y a los tres poderes; un esfuerzo multisectorial en los trabajos a coordinar y una visión de derechos también sensible al contexto cultural y respetuosa de la auténtica determinación de pueblos y comunidades indígenas.
“Como lo muestra la evidencia, no es un tema de ‘usos y costumbres’ como se suele presentar, sino arreglos de violencia adulta tolerados y propiciados por la complicidad de autoridades comunitarias, municipales, estatales y federales.
“Estamos conscientes que se requiere de un trabajo de transformación cultural y de conciencia, de equipos locales con una visión integral, de inversión en el mejoramiento de vida, incluyendo una educación pertinente y sólida, servicios de salud, alternativas de empoderamiento para las mujeres, apoyos a la manutención e impulso al ingreso familiar”, se agregó.
Para ello, propusieron que se establezca a la brevedad una comisión emergente en el marco del SIPINNA para presentar de forma prioritaria y con la convocatoria de articulación de autoridades y sectores de parte de Segob un plan de acción inmediata para atender esta situación.
Dichas prácticas, apuntaron, deben prohibirse también en Chiapas, Oaxaca y el resto de la República.
“A la Secretaria y al subsecretario pedimos que se reúnan con representantes de los firmantes para fijar, a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema, la convocatoria a formar una Comisión emergente a la brevedad.
“Al Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero pedimos que establezca una mesa de actores relevantes locales, incluidos funcionarios de alto nivel de su administración, para ser la contraparte de la comisión emergente y establecer metas de corto plazo para la protección especial de las niñas afectadas, así como protocolos de atención y planes de restitución de derechos.
“A la candidata y los candidatos a la gubernatura, pedimos que se comprometan explícitamente con la ciudadanía a conservar los trabajos de la mesa en vínculo con la comisión emergente, y a hacer de la atención y los esfuerzos de erradicación un elemento de rendición de cuentas anual a lo largo de toda su gestión, además de comprometer las propuestas al Legislativo y el financiamiento suficiente para implementar la estrategia que se establezca, durante el periodo para el que las y los ciudadanos les eligen”, son las solicitudes.
“No podemos ser observadores pasivos en una violación tan grave y de tan nefastas consecuencias; no podemos normalizar que se trunquen los proyectos de vida de las niñas en Guerrero y en todo el País. Las niñas no pueden venderse, porque no son cosas sino personas, y toda actividad así identificada debe impedirse y desterrarse. Las niñas merecen vida plena”, resaltaron.
