CIUDAD JUÁREZ.- Migrantes que temían ser deportados o trasladados hacia el sur de México prendieron fuego a colchonetas en un centro de detención migratorio en Ciudad Juárez, en el norte, lo que provocó la muerte de, al menos, 40 de ellos, según dijo el martes el presidente mexicano al referirse al suceso más letal de este tipo ocurrido recientemente en el país
Horas después de que comenzara el fuego el lunes por la noche, había hileras de cadáveres cubiertos por mantas de aluminio fuera de las instalaciones migratorias que están situadas en la orilla sur del Río Bravo, frente a El Paso, Texas, en uno de los cruces más frecuentados por migrantes y solicitantes de asilo.
Otros 29 migrantes resultaron heridos y fueron trasladados “en estado delicado-grave a cuatro hospitales de la localidad para su atención inmediata”, indicó el Instituto Nacional de Migración (INM) en un comunicado.
El incendio comenzó el lunes por la noche en una zona de dormitorios donde estaban alojados 68 hombres, según el INM. La agencia migratoria condenó los hechos que provocaron el fuego pero no explicó cómo se actuó ante la emergencia ni si se intentó evacuar o no a los extranjeros.
El canciller de Guatemala, Mario Búcaro, confirmó que 28 de los fallecidos eran guatemaltecos y dijo que tiene el apoyo de las autoridades mexicanas “para conocer la verdad”. “Vamos a… dar con los responsables de esto”, aseguró. Los gobiernos de Colombia y Ecuador confirmaron la muerte de un connacional cada uno.
La fiscalía mexicana agregó que en las instalaciones siniestradas también había 13 hondureños y 12 salvadoreños, cuyo estado de salud no especificó. Un herido se negó a identificarse.
El martes por la tarde, Migración indicó que también estaba dando asistencia a 15 mujeres extranjeras mayores de edad que fueron desalojadas de las instalaciones.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se trató de un incidente desafortunado y agregó que el director del INM ya se encontraba en el lugar de los hechos.
Las autoridades investigaban la causa del incendio, solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una entidad oficial, que atienda a los migrantes y anunciaron que se dará visa humanitaria a los afectados, lo que les garantiza la atención hospitalaria, indicó el INM. Además, la agencia cubrirá los gastos funerarios de los fallecidos.
En paralelo comenzaron a trabajar con las autoridades consulares de varios países para identificar a los fallecidos.
Como la morgue de esta violenta ciudad ya estaba al límite de su capacidad antes del incendio, el gobierno tuvo que alquilar remolques refrigerados para resguardar los cadáveres de los migrantes, indicó a la prensa el fiscal del estado de Chihuahua, César Jáuregui.
En un hospital cercano, la venezolana Viangly Infante Padrón, de 27 años, esperaba a su marido, que estaba siendo tratado por inhalación de humo. La noche anterior ella, que viaja con sus tres hijos, estaba fuera del centro de detención esperando a que su esposo fuera liberado cuando comenzó el incendio.
“Había humo por todas partes. Dejaron salir a las mujeres y a los empleados de inmigración”, explicó. “A los hombres nunca los sacaron hasta que llegaron los bomberos”.
Dijo que vio varios muertos antes de encontrar a su marido en una ambulancia. “Estaba desesperada porque veía un cadáver, un cuerpo, un cadáver, y no lo veía por ninguna parte”.
Poco antes, un centenar de migrantes venezolanos se agruparon el martes por la mañana exigiendo información de familiares y pidiendo justicia por lo sucedido.
“No nos quieren atender… queremos saber si está vivo o está muerto“, lamentaba la venezolana Katiuska Márquez, de 23 años y con dos niños de cuatro y dos años que no podía comprender como los guardias del centro estaban vivos y los migrantes no. “¿Cómo no pudieron sacarlos?”
El gobierno no ofreció respuesta a esta pregunta.
Márquez buscaba noticias de un medio hermano, Orlando Mandonado, de 26 años, con el que viajaba. La familia rentaba un cuarto donde vivían 10 personas que pagaban con el dinero que conseguían de pedir en la calle. Todos fueron detenidos el lunes poco después de mediodía con una veintena de personas, incluidos niños.
“Yo estaba en el semáforo con un cartón pidiendo lo que necesitaba para mis hijos y la gente me apoyaba con comida”, explicó la mujer que lleva diez días en Juárez en espera de que le den cita para pedir asilo en Estados Unidos. De repente, llegaron agentes. “Migración me agarró por la chaqueta hasta que me montaron a dentro de una camioneta con mi hermano y varias familias más”.
Según cuenta, todos ingresaron en las instalaciones pero a las mujeres y los niños los tenían fuera de las celdas y unas horas después los liberaron.
Las tensiones entre autoridades y migrantes se agudizaron este mes en Ciudad Juárez, donde los albergues están llenos de personas que esperan pedir asilo en Estados Unidos. Hace poco más de dos semanas un grupo mayoritariamente de venezolanos alentado por falsos rumores de que podría pasar libremente intentó cruzar por el puente fronterizo y fue bloqueado por las autoridades estadounidenses.
A diferencia de los centroamericanos, que cuando son detenidos es para deportarlos, no es habitual que México repatríe a venezolanos aunque sí que los mueva hacia los estados del centro y sur del país.
La Red de Casas de Migrantes y Centros de Derechos Humanos de la zona norte de México, quienes ya habían denunciado el incremento de operativos conjuntos de autoridades migratorias y municipales y detenciones arbitrarias a primeros de marzo, expusieron el martes en un comunicado que el suceso “refleja la ausencia de protocolos para la protección de migrantes y solicitantes de asilo”.
Responsabilizaron a las autoridades de lo sucedido por la falta de actuación de las personas encargadas del espacio y de las rutas de evacuación e indicaron que se trata de un espacio “reducido y sin ventilación” donde no había agua potable ni atención médica y las personas estaban incomunicadas y desinformadas.
“Se veía venir”, sentenciaron en el comunicado. “La política migratoria de México mata”.
Las organizaciones firmantes pidieron la renuncia del titular del Instituto Nacional de Migración, esclarecer los hechos y criticaron que el presidente utilizara la palabra “albergue” para referirse a un centro de detención.
Desde Naciones Unidas se pidió una investigación exhaustiva de los hechos y Felipe González Morales, relator especial para los derechos humanos de los migrantes, recordó que “de acuerdo con el Derecho internacional, la detención de migrantes debe ser una medida excepcional y no generalizada”.
A medida que México ha intensificado sus esfuerzos para frenar la migración hacia la frontera estadounidense bajo la presión del gobierno estadounidense, la agencia se ha enfrentado a críticas por el hacinamiento en sus instalaciones que han motivado protestas y disturbios en ocasiones, las ultimas tuvieron lugar a finles de 2022 en Tijuana (en el norte) y Tapachula (en la frontera sur).
México se ha convertido en el tercer destino más popular del mundo para los solicitantes de asilo, después de Estados Unidos y Alemania. Pero sigue siendo en gran medida un país de paso hacia el vecino del norte.
Un gran número de ellos se encuentran varados en el sur del país o en las ciudades fronterizas con Estados Unidos en espera de que sus procesos avancen o de tener una oportunidad para cruzar.
