WASHINGTON.- El Senado de Estados Unidos aprobó el lunes un proyecto de ley que requeriría que las autoridades federales detengan a migrantes acusados de robo y crímenes violentos, la primera medida que el recién investido presidente Donald Trump podría promulgar y que dará más peso a sus planes de deportar a millones de migrantes.
Trump ha hecho del combate a la inmigración ilegal su principal prioridad, y el Congreso, con mayoría republicana y con algunos demócratas dispuestos a colaborar, está demostrando que está listo para seguir el mismo camino.
La aprobación de la Ley Laken Riley —nombrada así por una estudiante de enfermería de Georgia asesinada por un hombre venezolano el año pasado— fue una señal de cómo el Congreso ha virado bruscamente hacia la derecha en seguridad fronteriza e inmigración.
“No queremos que criminales entren a nuestro país”, dijo Trump a sus seguidores en el Capitolio, añadiendo que esperaba firmar la ley “en una semana o algo así”.
Trump ya está dando fin a muchos de los programas fronterizos y de inmigración del expresidente Joe Biden, alejando a Estados Unidos de los intentos del demócrata de implementar políticas de inmigración más humanas en un momento en que números récord de personas llegaban a la frontera con México. La acción rápida sobre la política de inmigración fue prueba de cómo los demócratas ya no oponían resistencia a algunas propuestas para el manejo estricto de la inmigración.
“Si entras en este país ilegalmente y cometes un crimen, no deberías ser libre de vagar por las calles de esta nación”, dijo la senadora republicana Katie Britt, quien ayudó a impulsar el proyecto de ley en el Senado.
La Cámara de Representantes aprobó su versión del proyecto de ley, pero aún necesitará considerar cambios hechos en el Senado.
La legislación requeriría que las autoridades federales detengan a migrantes acusados de delitos como el hurto, así como ofensas que lesionen o maten a alguien, y otorgaría a los estados un nuevo estatus legal para impugnar decisiones federales de inmigración, incluyendo las de jueces de inmigración.
Los críticos del proyecto de ley dicen que esa disposición abrirá la puerta para que los fiscales generales de estados republicanos libren una batalla legal contra las decisiones federales de inmigración, inyectando aún más incertidumbre y partidismo en la política migratoria.
Deportar a millones de migrantes o hacer cumplir la Ley Laken Riley dependerá en gran medida de la capacidad del Congreso para asignar 100.000 millones de dólares. Los republicanos están debatiendo cómo aprobar ese dinero a través de un proceso conocido como reconciliación presupuestaria que les permitirá pasarla por el Congreso puramente con votos de línea partidista.
No será una tarea fácil en la cámara baja, donde los republicanos tienen la mayoría por sólo unos pocos escaños.
Actualmente, la Ley Laken Riley no tiene fondos asignados, pero los demócratas en la Comisión de Asignaciones Presupuestarias calculan que el proyecto de ley costaría 83.000 millones de dólares en los próximos tres años, según un memorando obtenido por The Associated Press.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ha estimado que necesitaría casi triplicar el número de camas de detención y realizar más de 80 vuelos de deportación por semana para cumplir con la ley, según el memorando.
“Eso es mucho dinero para gastar en un proyecto de ley que va a causar caos, castigar a los inmigrantes legales y socavar el debido proceso en Estados Unidos, todo mientras desvía recursos de verdaderas amenazas”, dijo la senadora Patty Murray, la principal demócrata en la Comisión de Asignaciones Presupuestarias, en un discurso en el pleno del Senado la semana pasada.
