Nuevo Laredo, Tam .— Hoy se cumplen seis años desde que Jorge Antonio Hernández Domínguez, Noé Ignacio Alférez Hernández, Jonathan Ballesteros y Julio César Miramontes fueron desaparecidos por elementos de la Marina Armada en Nuevo Laredo. Ellos solo son parte de los más de 47 neolaredenses víctimas de la SEMAR en 2018
A pesar del tiempo transcurrido, las familias de las víctimas continúan en la incertidumbre y el dolor, sin recibir respuestas ni pruebas sobre el paradero de sus seres queridos.
Reunidas en el Memoria para la Victimas de Desaparición Forzada, María Elena Domínguez, madre de uno de los desaparecidos, expresó el constante sufrimiento que viven día a día, clamando por la devolución de sus hijos. “Es un dolor enorme que hasta la fecha no hemos podido, ni creo que vayamos a superar ninguna de nosotras”, lamentó. La ausencia de respuestas por parte de las autoridades ha alimentado la sensación de impotencia y desesperación entre los familiares.
Las madres de los jóvenes desaparecidos han denunciado la falta de acción por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), señalando la persistente impunidad y corrupción que rodea el caso. A pesar de contar con pruebas que apuntan hacia la responsabilidad de la Marina en las desapariciones, las autoridades no han dado paso alguno hacia la justicia. “La impunidad sigue presente, la corrupción está en contra de nosotras porque tenemos todas las pruebas”, denunció María del Rosario Navarro Luna, madre de otra de las víctimas.
Erika Arredondo, madre de Julio César Miramontes, manifestó su indignación por la falta de resultados de la investigación. “Estoy muy molesta con la FGR, porque no han hecho el trabajo que se les ha encomendado”, expresó. Asimismo, exigió que la Marina brinde información sobre el paradero de sus hijos, haciendo hincapié en la necesidad de justicia y verdad para las familias afectadas.
La hermana de una de las víctimas, Margarita Torres Reyes, destacó la inacción de las autoridades ante el caso. “Pues que hagan algo, que pedimos justicia. Ya son seis años. No nos toman en cuenta. No nos hacen caso. No más. No, no, ni para bien ni para mal. De plano no hay ninguna respuesta”, declaró Ana Esperanza Torres Reyes.
Las familias afectadas continúan su lucha por la verdad y la justicia, demandando a las autoridades que actúen con diligencia y transparencia en la investigación de estas desapariciones. Seis años de impunidad son demasiado tiempo para unas familias que solo anhelan tener a sus seres queridos de vuelta, conocer la verdad sobre su destino y que los responsables sean llevados ante la justicia.
