CIUDAD DE MÉXICO.- El próximo año, el programa de microcréditos será operado por la Secretaría de Bienestar y no por la de Economía como había ocurrido hasta ahora.
Lo anterior luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló en su última revisión que la estrategia cumplió con menos de una cuarta parte de su objetivo original.
El documento Precriterios de Política Economía enviados ayer por Hacienda a la Cámara de Diputados, señala que la estrategia será uno de los siete programas prioritarios de la Secretaría de Bienestar y cambiaría de nombre al de Programa de Microcréditos para el Bienestar.
Con ello, la dependencia a cargo de Javier May, estará a cargo de los más de mil 548 millones de pesos que, se prevé, tenga de presupuesto en el próximo ejercicio fiscal. Este año, cuenta con recursos por mil 500 millones de pesos.
El resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2019, dado a conocer por la ASF en febrero pasado, advierte que ese año el Programa de Mocrocréditos cumplió con sólo el 22.2 por ciento de su meta original de un millón 500 mil.
El órgano fiscalizador informó que ese año, el programa otorgó apoyos a solo 350 mil 371 personas con micronegocios y que no pudo medir el impacto en la población ante la falta de métricas e información.
La ASF afirmó que el objetivo original era de un millón 575 mil 563 personas, pero ésta se quedó corta en 77.8 por ciento, dejando pendientes de atender a un millón 225 mil 192.
En enero pasado, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) recibió un proyecto para pasar el programa de la Secretaría de Economía a la de Bienestar.
Desde 2019, el programa ha sido operado por Economía, dependencia que hasta el año pasado estuvo a cargo de Graciela Márquez, actual vicepresidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El año pasado, ésta fue una de las estrategias del Gobierno federal para hacerle frente a la pandemia de Covid-19.
Durante 2020, esta estrategia fue criticada no solo porque estuvo limitado a las pequeñas empresas, sino porque su monto fue insuficiente incluso para ellas.
El apoyo constó de 25 mil pesos, con un periodo de gracia de tres meses para su reembolso, fue una política de apoyo al pequeño y mediano comercio y no tuvo la demanda esperada.
De ahí que fue considerado insuficiente ante la contracción económica generada por la crisis sanitaria.
