NUEVA YORK.- La primera audiencia judicial de Nicolás Maduro en Estados Unidos —un espectáculo en el que proclamó que sigue siendo el presidente de Venezuela— fue tan sólo el comienzo de una odisea legal que podría mantenerlo tras las rejas y fuera del poder durante años, tal vez el resto de su vida.
Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron procesados por cargos de tráfico de drogas el lunes, días después de que fueron capturados por fuerzas especiales de Estados Unidos en su residencia de Caracas en una sorprendente operación nocturna. Ambos se declararon inocentes.
El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha defendido sus acciones militares como una “operación quirúrgica de aplicación de la ley” para detener a Maduro en un caso penal que los fiscales estadounidenses presentaron por primera vez hace seis años. En el tribunal, Maduro se refirió a lo sucedido como un secuestro y se declaró prisionero de guerra.
Mientras Venezuela lidia con las repercusiones geopolíticas, Maduro y Flores se encuentran encarcelados en la ciudad de Nueva York, a unos 3.400 kilómetros (2.100 millas) de distancia. Su próxima comparecencia está programada para el 17 de marzo.
Esto es lo que probablemente sucederá en su caso legal:
Solicitud de fianza
Es una posibilidad remota, pero Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, pueden solicitar al juez que ordene su liberación bajo fianza, lo que les permitiría esperar el juicio en un lugar distinto a la cárcel. Ninguno de los acusados presentó esa solicitud el lunes, pero sus abogados dejaron entrever que podrían hacerlo.
El juez, Alvin Hellerstein, dijo a los abogados que está abierto a las solicitudes de fianza “siempre que, y tan a menudo como lo consideren apropiado”. Pero eso no significa que estaría de acuerdo con dejar salir a Maduro y Flores.
Ambos están acusados de delitos graves que podrían llevarlos a pasar el resto de sus vidas en prisión, y los fiscales podrían argumentar que son un riesgo de fuga –lo que significa que podrían intentar salir del país para evitar ir a juicio en caso de que sean liberados. A Maduro se le acusa de asociación delictuosa para cometer actos de narcoterrorismo. Él y su esposa están acusados de ser parte de un plan para importar cocaína a Estados Unidos y poseer ametralladoras.
Los jueces rara vez conceden fianza en este tipo de casos. A Manuel Noriega no se le concedió fianza después de que fue acusado por Estados Unidos de narcotráfico, invadió Panamá y lo destituyó como gobernante en 1989. Hay veces que los acusados ni siquiera solicitan la fianza.
Los abogados del recientemente indultado expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, nunca solicitaron una fianza después de que fue acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas. Tampoco lo hicieron los abogados del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán cuando fue extraditado a Estados Unidos desde México.
Atención médica para Flores por “lesiones significativas”
El abogado de Flores, Mark Donnelly, dijo que su clienta sufrió “lesiones significativas” durante su captura, por lo que necesita de una radiografía y evaluación médica ya que podría tener fracturas o contusiones severas en las costillas. Compareció ante el tribunal con vendajes en la frente y sobre la sien y el párpado.
El abogado de Maduro, Barry Pollack, dijo al juez, sin entrar en detalles, que su cliente padece de “problemas de salud y médicos que requerirán atención” mientras se encuentre detenido. El juez le pidió a ambos abogados que trabajen con la fiscalía para garantizar que Flores y Maduro reciban la atención adecuada.
La cárcel federal donde Flores y Maduro permanecen detenidos, el Centro de Detención Metropolitano, cuenta con una unidad médica con salas de evaluación y un consultorio dental. Pero la cárcel también ha enfrentado señalamientos por el mal manejo del tratamiento, incluida la falta de detección de diagnósticos de cáncer.
Una visita consular
Los extranjeros acusados de delitos en Estados Unidos tienen derecho legal a recibir la visita de funcionarios consulares de su país de origen.
Dirigiéndose a la corte en español a través de un intérprete, Maduro le indicó al juez que él y su esposa desearían una visita de este tipo.
Pero de momento se desconoce en qué consistiría o qué es lo que estaría disponible para Maduro después de que en 2019 ordenó el cierre de la embajada y los consulados de Venezuela en Estados Unidos. La misión de Venezuela ante Naciones Unidas no respondió de momento a un mensaje de The Associated Press en busca de comentarios.
Maduro podría necesitar las reuniones, en parte para asegurar que se puedan cubrir sus costos legales. Maduro y Flores han sido objeto de sanciones estadounidenses durante años, por lo que es ilegal que cualquier estadounidense reciba dinero de ellos sin obtener autorización del Departamento del Tesoro.
Hellerstein instruyó a la fiscalía a trabajar con los abogados de Maduro y Flores para asegurar que “puedan representar a sus clientes con celo y plenamente”.
Maduro amplió su equipo legal el martes, añadiendo a Bruce Fein, un especialista en derecho constitucional e internacional que se desempeñó como asistente del fiscal general adjunto de Estados Unidos durante la presidencia de Ronald Reagan.
Desafíos “sustanciales” a la legalidad del caso
Pollack prometió desafíos “sustanciales” a la validez de la acusación de Maduro y señaló que había cuestiones legales complicadas.
“El señor Maduro es el jefe de un Estado soberano y tiene derecho a los privilegios e inmunidades que vienen con ese cargo”, dijo Pollack a Hellerstein el lunes. “Además, hay cuestiones sobre la legalidad de su secuestro militar”.
Después de que el ejército estadounidense capturó a Noriega en 1989, sus abogados argumentaron que tenía inmunidad contra un proceso judicial como jefe soberano de un Estado extranjero. Ese argumento finalmente fracasó, en parte porque Noriega nunca ostentó el título de presidente durante su gobierno de facto de seis años.
Maduro asegura que ganó tres elecciones populares, pero Estados Unidos no lo ha reconocido desde hace años como mandatario legítimo de Venezuela, y por lo tanto no tiene derecho a inmunidad soberana.
Es posible que la disputa sobre la legalidad del enjuiciamiento en Estados Unidos se prolongue durante algún tiempo, y llegue eventualmente a los tribunales de apelación.
