SAN JUAN.- El gobernador Pedro Pierluisi declaró un estado de emergencia el martes para combatir la creciente erosión costera en Puerto Rico, que según las autoridades se debe al cambio climático.
El gobierno destinará 105 millones de dólares en fondos federales para implementar casi una veintena de medidas con el fin de contrarrestar la pérdida constante de tierra y minimizar sus efectos. Las medidas incluyen reubicar viviendas, crear arrecifes artificiales, plantar árboles de mangle y añadir arena a las playas.
“Esto es una agenda ambiciosa”, señaló Pierluisi en una conferencia de prensa.
Puerto Rico tiene casi 1.200 kilómetros (700 millas) de costas, y dos terceras partes de los 3,2 millones de habitantes de la isla viven en zonas costeras. De esa población, más del 20% radican en áreas que corren alto riesgo de inundaciones.
Un estudio realizado por la Universidad de Puerto Rico encontró que más de 99 kilómetros (60 millas) de costas han perdido terreno en los últimos años. Gran parte de la erosión es atribuida a las tormentas, incluido el huracán María, un meteoro categoría 4 que azotó la isla en septiembre de 2017. Los expertos advierten que las tormentas futuras serán más fuertes y ocurrirán más seguido.
Para julio de 2018 se identificó erosión en 40% de las playas puertorriqueñas, y la acreción, que es la acumulación de arena, fue encontrada en 60% de las playas, de acuerdo con el Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico.
Las medidas anunciadas el martes serán implementadas en los municipios más afectados por las tormentas, incluidos los de Rincón, Cabo Rojo, Isabela y la isla vecina de Vieques, todas sumamente populares entre los turistas.
El Departamento de Recursos Naturales de la isla también recibió la orden de elaborar un nuevo protocolo para lidiar con la erosión costera y actualizar su plan de manejo de las costas.
Otras medidas incluyen la creación de una comisión encargada de combatir la erosión en las playas, la demolición de estructuras costeras abandonadas y la demarcación de patrimonio de dominio público en la zona marítimo-terrestre.
El anuncio se llevó a cabo en un momento en que activistas y defensores del medio ambiente siguen exigiendo una moratoria a la construcción en zonas costeras y denuncian un aumento en las estructuras ilegales en las costas, algunas de las cuales han sido designadas por jueces para su demolición.
Pierluisi dijo que no descartaría implementar una moratoria de ese tipo, pero sólo para algunas zonas.
