CIUDAD DE MÉXICO.-El sablazo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador le propinó a unos 200 empresarios, a quienes pidió comprar “voluntariamente” millones de boletos de la Lotería Nacional por montos por persona de hasta 200 millones de pesos, mete en problemas a las empresas en México y en el extranjero.
La “coperacha” va contra la Ley General de Responsabilidades Administrativas en México y, a nivel internacional, es equiparable a la corrupción, ya que viola reglas que prohíben pagar favores a los Gobiernos.
Incluso en México, organismos empresariales, políticos y académicos calificaron el pase de charola del Presidente como extorsión.
“(Es) importante que el dinero no salga de las arcas de las empresas que listan en Estados Unidos. No pasaría el más mínimo escrutinio de la SEC (Securities and Exchange Commission) y el Foreign Corrupt Practice Act, que prohíbe pagar para ganar favores de Gobierno”, advirtió Jorge Guajardo, ex Embajador de México en China, en su cuenta de Twitter.
El regio, quien actualmente se desempeña en la iniciativa privada como asesor estratégico en Washington, señaló después que la solicitud de contribuciones para la “rifa” del avión presidencial ha levantado las alertas entre inversionistas de Estados Unidos.
En México, la ley -que forma parte del entramado del Sistema Nacional Anticorrupción- prohíbe a todos los servidores públicos, incluido el Presidente, solicitar dádivas para beneficio personal o de terceros.
El miércoles, en una cena ofrecida en Palacio Nacional, AMLO solicitó a unos 200 empresarios del País comprar boletos de la Lotería Nacional, en montos que van de los 20 millones a los 200 millones de pesos a través de una carta compromiso con nombre y firma.
De entrada, según reconoció el mismo Mandatario, 75 empresarios se comprometieron a entregar mil 500 millones de pesos.
Max Kaiser, presidente de la Comisión Anticorrupción de la Coparmex, indicó que la solicitud parece una extorsión.
“Parece el Estado diciéndole a los empresarios: si ustedes no colaboran, entonces se puede utilizar el poder del Estado frente a ustedes”, indicó.
Kaiser dijo que aquellas empresas que accedan a comprar los boletos podrían sufrir consecuencias legales en México y en el extranjero.
Analistas jurídicos opinan que también podría ser considerado el delito de concusión tipificado en el Código Penal Federal vigente según el cual lo comete “el servidor público que… exija, por sí o por medio de otro, dinero, valores o servicios”.
