Nuevo Laredo, Tam. — En el mismo lugar donde, hace casi tres años, fueron asesinados cinco jóvenes por elementos del Ejército mexicano, sus familiares exigieron justicia tras conocer que el juicio contra los responsables comenzará el 11 de mayo de 2026, apenas siete días antes de que se cumpla el tercer aniversario de la Masacre de Smart Zapata.
Aunque 16 militares fueron detenidos, solo siete enfrentarán cargos formales por homicidio calificado, en un proceso judicial que, según abogados y familiares de las víctimas, ha estado marcado por demoras, cambios de jueces y trabas institucionales.
La ejecución que el Estado aún no reconoce
El 18 de mayo de 2023, en la Prolongación Monterrey, frente a la tienda Smart Zapata, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Edgar Chavarría Rico Clinton, Alex Blucha Pérez, José Ángel Moreno Pool, Jorge Antonio Colector y José Isabel Rivera Vega fueron arrestados, torturados y ejecutados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Un video difundido por Univisión desmintió la versión oficial que hablaba de un enfrentamiento armado y mostró que se trató de una ejecución extrajudicial directa. Desde entonces, las familias han exigido justicia frente a lo que califican como un abandono institucional.
Juicio postergado: “Tres años de piedras en el camino”
El abogado José Roberto Puente Martínez, representante legal de las familias, criticó duramente los retrasos en el proceso:
“Es una molestia, un desacuerdo. Prácticamente serían tres años después. Estuvimos un año y seis meses sin tres jueces que deben estar en ese juzgado. Solo había uno, y no podía llevar el juicio. Ahora llegó una jueza nueva, pero viene del sistema anterior. No queremos más demoras”.
La audiencia ha sido programada por el Poder Judicial Federal para realizarse en Reynosa, Tamaulipas, lo que implicará gastos adicionales para las familias, quienes solicitan que el juicio se lleve a cabo en Nuevo Laredo, ciudad donde ocurrió la masacre.
La voz de las familias: “Nos arrebataron todo”
En el mismo lugar donde se cometió la masacre, madres, esposas y familiares ofrecieron testimonios conmovedores ante la prensa.
Beatriz Cuevas Bracamontes, esposa de Alex Blucha Pérez:
“No estoy conforme con la fecha. Ya van a ser tres años esperando justicia, tres años de trabas, tres años donde estamos olvidados de la presidenta, de la justicia, de todos. Ellos (los militares) están arraigados, pero no detenidos. Están gozando, mientras nuestros muertos no tienen voz. ¿Por qué ellos piden beneficios si nuestros familiares ya no tienen ninguno?”.
Inés Vega Romero, madre de José Isabel Rivera Vega:
“Mi hijo no era un animal. Me lo asesinaron. Yo vi el video donde le quitaron la vida. Pido justicia. Que la presidenta se ponga en nuestros zapatos. Ya no tengo a quién abrazar. Solo quiero que descanse en paz”.
Aidee Paul Cervantes, madre de José Ángel Moreno Pool:
“Yo por mi hijo quiero justicia. Es todo lo que pido”.
Jocelyn Patiño, esposa de Edgar Chavarría Rico, y Aida Betancur, familiar de otra víctima, también demandaron una fecha más cercana para el inicio del juicio y atención directa por parte de la Presidencia de la República.
Exigen atención directa de Claudia Sheinbaum y del presidente del Supremo Tribunal
El abogado Edgar Netro Acuña hizo un llamado público al Gobierno Federal:
“Necesitamos ser escuchados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz. Tres años de espera no son justicia. Y tras el juicio, aún faltarán apelaciones y amparos. Podría pasar más de un sexenio sin una condena firme. La justicia, así, no llega. La queremos ya, completa, y en la ciudad donde ocurrió el crimen”.
También advirtió sobre las consecuencias económicas que enfrentan las familias:
“Trasladarse hasta Reynosa es injusto. Exigimos que se instale un Centro de Justicia Penal Federal en Nuevo Laredo. Las víctimas no deberían pagar de su bolsillo por exigir justicia”.
Un caso emblemático de violencia militar e impunidad
Este caso se ha convertido en un símbolo de las crecientes denuncias sobre el uso desmedido de la fuerza por parte del Ejército en tareas de seguridad pública. Diversos organismos internacionales, como Human Rights Watch y la ONU, han advertido sobre el riesgo de la militarización sin controles civiles ni mecanismos de rendición de cuentas.
El proceso judicial es observado de cerca como un referente clave para evaluar la capacidad del Estado mexicano de juzgar crímenes cometidos por sus propias fuerzas armadas.
A casi tres años de los hechos, las familias aún no reciben reparación integral, no hay sentencia y los acusados no están en prisión preventiva. Mientras tanto, las voces de las víctimas indirectas siguen clamando por algo elemental: justicia para sus hijos, justicia para sus esposos, justicia para sus muertos y cárcel para los militares asesinos.
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