WASHINGTON.- La Corte Suprema de Estados Unidos permitió el martes, de forma provisional, que el gobierno del presidente Donald Trump continúe deportando rápidamente a personas a países distintos del suyo, mientras los magistrados analizan si la política es legal.
La orden, que aparentemente obtuvo 6 votos a favor y 3 en contra, suspende por ahora los requisitos del tribunal inferior para que los migrantes tengan la oportunidad de objetar antes de ser enviados a países con los que no tienen ningún vínculo.
La Corte Suprema escuchará argumentos en diciembre.
Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson habrían mantenido vigente la orden del tribunal inferior.
El gobierno de Trump dijo la semana pasada que la orden del tribunal inferior obligó a cancelar un vuelo de deportación que transportaba a unas 70 personas con destino a tres países.
La mayoría conservadora ya se había puesto del lado del gobierno antes en esta política del gobierno de Trump, permitiendo que los vuelos de deportación continuaran temporalmente el año pasado.
El tribunal señaló que tendrá en cuenta varias cuestiones: si la política es legal, si los tribunales inferiores tenían autoridad para considerar el caso y emitir un bloqueo general, así como otras preguntas que el gobierno considere apropiadas.
La orden “ha permitido que el gobierno reanude el envío de personas a terceros países donde pueden enfrentar persecución, tortura, encarcelamiento u otro grave peligro”, comentó Trina Realmuto, directora ejecutiva de la National Immigration Litigation Alliance y una de las abogadas que representan a los inmigrantes en el caso.
“Pero la orden de hoy no decide que la política del gobierno sea legal”, puntualizó en un comunicado. “La corte escuchará esa cuestión de manera expedita”.
En virtud de una serie de acuerdos, a menudo secretos, el gobierno de Trump ha deportado a unas 25.000 personas a más de dos docenas de países, desde Liberia hasta Guyana. La gran mayoría ha sido enviada a México.
El gobierno republicano de Trump ha afirmado que envía a personas con órdenes finales de deportación a terceros países cuando no pueden ser devueltas a sus lugares de origen o cuando éstos no las aceptan, incluidas aquellas que tienen condenas penales. Esos gobiernos ofrecen garantías de que las personas no serán perseguidas ni torturadas, según indicaron abogados federales.
En una publicación en redes sociales, el secretario de Justicia de Estados Unidos, Todd Blanche, describió la política como “una herramienta totalmente legal y crucial para la aplicación de las leyes migratorias.
Pero, aun así, algunos migrantes han terminado encarcelados en países de los que nunca habían oído hablar antes de llegar. Otros también enfrentan graves riesgos para su seguridad y se quedan con pocas opciones, salvo regresar a los países de los que huían. Muchos no tienen condenas penales y se ha determinado que corren riesgo de tortura o persecución, afirmaron abogados de los inmigrantes.
El caso surge en medio de una amplia ofensiva migratoria del gobierno de Trump, que se ha comprometido a deportar a millones de personas que viven en Estados Unidos sin autorización.
