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Ordena juez federal reconsiderar protección migratoria para jóvenes vulnerables con estatus SIJS

El fallo restaura temporalmente la acción diferida, permitiendo permisos de trabajo y evitando deportaciones mientras avanza la demanda

Un paquete informativo y una bandera estadounidense sobre una silla en una oficina de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) el 17 de agosto de 2018, en Miami. (Foto AP/Wilfredo Lee, Archivo)
AP

WASHINGTON.- Un juez federal emitió una orden el miércoles requiriendo que la administración Trump considere nuevamente otorgar protección contra la deportación a ciertos jóvenes inmigrantes vulnerables.

El juez de distrito Eric Komitee ordenó a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) que consideren nuevamente otorgar protección contra la deportación bajo un programa de 2022 que la agencia rescindió en junio. La decisión permitirá que el programa continúe mientras la demanda presentada por los demandantes en julio sigue su curso.

Los niños y jóvenes afectados son aquellos que han sido abusados, descuidados o abandonados por un padre y han recibido el estatus de Inmigrante Juvenil Especial a través de un tribunal estatal y el gobierno federal.

El estatus SIJS, como se le conoce, fue creado con el apoyo bipartidista del Congreso en 1990, y aunque no otorga estatus legal, permite a los jóvenes que califican solicitar una visa para convertirse en residentes permanentes legales y obtener un permiso de trabajo. Pueden pasar años para que una visa esté disponible debido a los límites anuales. Durante la administración del expresidente Joe Biden, el USCIS podía conceder amparo ante la deportación a los beneficiarios mientras esperaban una visa.

Sin el programa de acción diferida, los jóvenes no califican para un permiso de trabajo, enfrentan la deportación y ya no serían elegibles para convertirse en residentes permanentes legales si son devueltos a su país de origen.

“El núcleo de la decisión del tribunal es que el gobierno no puede simplemente quitarle el suelo a cientos de miles de jóvenes como lo hizo sin considerar cómo construyeron toda su vida en torno a la política que existía”, afirmó Stephanie Ellie Norton, abogada de los demandantes que trabaja para el Proyecto Nacional de Inmigración.

Ni el USCIS y ni el Departamento de Seguridad Nacional han comentado sobre el fallo del juez.

Bajo las órdenes del juez, aquellos que ya tenían la protección, así como los nuevos solicitantes, podrán solicitar que se les conceda esta protección. El USCIS también estará obligado a tomar decisiones sobre las solicitudes de permiso de trabajo para los nuevos solicitantes y los ya designados con estatus de acción diferida.

El juez no ha dictaminado sobre si la demanda puede proceder como colectiva, pero el litigio se reanudará.

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