BATON ROUGE, Luisiana.- Mujeres que fueron detenidas por agentes de inmigración de Estados Unidos mientras estaban embarazadas dijeron el miércoles en una carta que recibieron atención inadecuada e instaron al gobierno federal a dejar de encarcelar a futuras madres en instalaciones federales.
La carta dirigida al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) es parte de una campaña más amplia en los últimos meses por parte de demócratas y grupos de derechos de los inmigrantes para llamar la atención sobre lo que consideran el maltrato a mujeres embarazadas que han sido detenidas.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha defendido la atención brindada, y afirma que las detenidas embarazadas reciben visitas prenatales regulares, servicios de salud mental, apoyo nutricional y adaptaciones “alineadas con los estándares de atención comunitaria”.
Por su parte, la subsecretaria de Seguridad Nacional Tricia McLaughlin afirmó en un comunicado el miércoles que tales detenciones son “raras” e implican “supervisión y revisión elevadas”. La agencia no proporcionó cifras sobre el número de mujeres embarazadas en detención, como han exigido los demócratas durante meses.
La carta enviada por la Unión Americana de Libertades Civiles incluye relatos de mujeres embarazadas que dicen haber sido encadenadas mientras eran transportadas, colocadas en confinamiento solitario durante varios días, y no recibir alimentos y agua suficientes mientras estaban detenidas en Luisiana y Georgia.
La ACLU indicó que en los últimos cinco meses se ha reunido con más de una docena de mujeres que estaban embarazadas mientras estaban bajo custodia del ICE, incluidas algunas que perdieron el bebé mientras estaban detenidas. Las mujeres relataron “experiencias gravemente preocupantes”, afirma la carta, incluyendo la falta de traducción durante los encuentros médicos y negligencia médica. Una sufrió una infección “grave” después de su aborto espontáneo.
En una entrevista con The Associated Press, una de esas mujeres declaró que fue mantenida con esposas mientras era transportada a Luisiana, un viaje que duró cinco horas e incluyó dos vuelos. La mujer, que desde entonces ha sido liberada y ha dado a luz, habló bajo condición de anonimato por temor a represalias durante su caso en curso.
Un agente le dijo que consideró quitarle las esposas, pero le preocupaba que escapara. “¿Cómo voy a escapar si estoy embarazada?”, respondió la mujer, según relató.
La mujer relató que se sintió como si hubiera sido secuestrada y experimentó mareos, náuseas y sufrió sangrado vaginal. Durante su tiempo en la instalación de detención, no se les dio a las mujeres embarazadas dietas especiales y la comida era horrible, señaló. Alegó que los detenidos tenían que “rogar” por agua y papel higiénico.
La carta de la ACLU es el último llamado para una investigación sobre el arresto y tratamiento de detenidas embarazadas.
Los demócratas del Senado escribieron a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en septiembre para expresar preocupaciones sobre la “prevalencia y tratamiento” de mujeres embarazadas, posparto y lactantes bajo custodia del ICE, y exigieron que la agencia deje de detener a tales personas a menos que haya “circunstancias excepcionales”.
“El cuidado adecuado durante el embarazo es un derecho humano básico, independientemente de si estás encarcelada o no y sin importar tu estatus migratorio”, indicó la representante demócrata Sydney Kamlager-Dove. La legisladora firmó una carta del Caucus de Mujeres Demócratas dirigida a funcionarios del DHS en julio en la que comparte preocupaciones sobre el “tratamiento de mujeres” y exigiendo respuestas, incluyendo cuántas han dado a luz mientras estaban detenidas.
Kamlager-Dove dijo que está trabajando en una legislación que “restringiría severamente el uso de medidas de inmovilización en mujeres embarazadas, en trabajo de parto y posparto que estén bajo custodia federal”.
Las directrices del ICE ya dicen que los agentes “no deben detener, arrestar o tomar bajo custodia por una violación administrativa de las leyes de inmigración” a personas “que se sepa estén embarazadas, en posparto o lactantes”, según una política enviada a la AP por el DHS. Pero el documento también establece que tales personas pueden ser detenidas y mantenidas bajo custodia en “circunstancias excepcionales” o si su liberación está prohibida por la ley.
La política también prohíbe el uso de medidas de inmovilización en detenidas embarazadas, pero aquí también hay excepciones, incluyendo si hay una amenaza seria de que la detenida se lastime a sí misma o a otros, o si “un riesgo inmediato y creíble” de escape no puede ser “razonablemente minimizado” a través de otros métodos.
